El abogado Zair Mundaray, impecable en el ejercicio como fiscal hasta que la tiranía lo obligó a abandonar el Ministerio Público y tener que irse al exilio, ha hecho una gravísima denuncia producto de una investigación llevada a cabo por un equipo de profesionales que ha documentado la actuación de una red de tráfico de menores dirigida por Edgar Gavidia Rodríguez, presidente de la Sala de Casación Social y vicepresidente ratificado del Tribunal Supremo de Justicia y para más señas, primer esposo, es decir, cuñado de Cilia Flores.
El delito consiste en apropiarse de niños y cambiarles su identidad para venderlos. Un crimen de lesa humanidad claramente establecido en la Convención de los derechos de niños de las Naciones Unidas.
La operación criminal se cotiza entre 40 mil y 200 mil dólares, dependiendo de la instancia que tome la decisión: istrativa, judicial o de última instancia.
El complejo entramado de esta red se dedica a sustraer niños y adolescentes de sus familias de origen y venderlos. En esta miserable acción participa todo el sistema de protección a los niños, comenzando con la Lopna y continuando con los mecanismos judiciales, es decir fiscales y jueces.
Obviamente hay muchos funcionarios que forman parte de esta red.
El objetivo es despojar a los padres originales de sus hijos quienes a través de mecanismos penales son implicados en supuestos delitos por los que terminan en prisión.
Para ejecutar el arrebato, los padres son acusados de maltrato o descuido por falta de alimentación, lo que lleva a que los niños pasen a las manos del sistema de protección. Entonces ese sistema dicta una medida que permite colocar al menor en una casa en la condición de desarraigo temporal, desde donde comienza a ser subastado. El plazo para los delincuentes es de 30 días, tiempo establecido para que se cumpla la condición de desarraigo y tiempo en el que los padres no logran conseguir recursos para defenderse por lo que, vencido el plazo, el niño es entregado a una familia que comienza rápidamente el proceso de adopción. Su nombre siempre es cambiado.
El delito avanza contra los familiares originales que en condición de procesados penales son acusados de descuido de atención a un menor para finalmente hacerles imposible recuperar a su hijo. Por lo general se trata de gente de bajos recursos.
La falta de dinero para monitorear la ruta de su hijo y la amenaza de perder definitivamente su libertad ha llevado a la mayoría a guardar el más doloroso de los silencios.
Otra modalidad que ha constatado el equipo de investigación que encabeza Mundaray se activa en las maternidades o en diversos centros de salud donde les dicen a los padres que el niño nació muerto sin hacer entrega del cadáver.
Los investigadores de este delito han determinado que la responsabilidad de ese modus operandi apunta a los funcionarios de la Lopna, fiscales y jueces. Pero el asunto no queda a ese nivel porque los casos que llegan al TSJ son distribuidos bajo el criterio de Edgar Gavidia quien ordena a jueces qué decisiones tomar para que finalmente sean avaladas en la Sala Social del máximo tribunal que Gavidia controla.
Por supuesto que el Ministerio Público al recibir la denuncia nada hace porque varios fiscales están involucrados en el negocio.
Se entenderá que esta red poderosa impide que los afectados hagan público sus nombres en sus denuncias; temen por sus vidas y por lo que le puedan hacer a los niños vendidos en ese tráfico. Se sabe de personas que han sido acusadas por dar la pelea, como el caso de una madre a quien por denunciar esta red le atribuyeron varios delitos. Lleva dos años tras las rejas sin fórmula de juicio. Y lo peor: no supo más de su hijo.
¿Qué otros alimentan con dinero esta red? Muchos enchufados o personajes con vara alta ante el régimen que incluso se han hecho daño entre ellos cuando en disputas matrimoniales, hombres han quitado los hijos a las esposas en proceso de divorcio, o viceversa, dependiendo de quién tiene mayor poder.
198 casos han sido documentados de niños que han sido desarraigados de su grupo familiar a partir de decisiones del Consejo de Protección o de instancias judiciales; procedimientos con los que las familias han perdido la pista del destino de los niños sin poder recuperarlos.
“Todo esto es consecuencia de la fractura del estado de derecho, lo que hace a los vulnerables más vulnerables. Es la razón por la que vemos a niños y adolescentes e incluso personas de la tercera edad y mujeres, sobre las que recae el mayor sufrimiento en Venezuela”, reflexiona Mundaray.
