El reciente anuncio del fin del programa de Parole Humanitario para los migrantes venezolanos ha generado preocupación entre miles de personas que huyeron del régimen de Nicolás Maduro. Entre ellos se encuentran no solo ciudadanos comunes en busca de mejores condiciones de vida, sino también numerosos perseguidos políticos, exfuncionarios y militares que desertaron tras negarse a reprimir a la población durante las protestas contra el gobierno.
La decisión de la istración estadounidense de poner fin a este programa plantea una interrogante crucial: ¿qué sucederá con aquellos que huyeron por razones políticas y ahora se enfrentan a la posibilidad de ser deportados? Especialmente preocupante es la situación de lossuboficiales y de la Guardia Nacional que, por su negativa a participar en actos de represión, tomaron la difícil decisión de desertar. Para ellos, regresar a Venezuela no es solo un asunto de dificultades económicas, sino de vida o muerte.
El régimen de Maduro ha demostrado en múltiples ocasiones su crueldad con aquellos a quienes considera traidores. La historia reciente muestra numerosos casos de militares y funcionarios detenidos, torturados e incluso desaparecidos tras ser acusados de conspiración. La deportación de estos desertores sería prácticamente una sentencia de prisión o peor en las manos de un gobierno que ha hecho del uso de la violencia su principal herramienta de control.
A la par de esta situación, no se puede ignorar la amenaza que representa la creciente presencia del Tren de Aragua, una de las organizaciones criminales más peligrosas de América Latina, con presencia confirmada en varios países, incluyendo Estados Unidos. Informes de inteligencia han señalado que el régimen venezolano ha permitido la expansión de este grupo como parte de una estrategia de desestabilización en la región, utilizando el crimen organizado como un arma política.
La decisión de eliminar el Parole Humanitario podría, paradójicamente, facilitar la permanencia de elementos delictivos dentro de EEUU, mientras que se fuerza el retorno de aquellos que escaparon por razones legítimas de persecución. La pregunta es inevitable: ¿se está castigando a los verdaderos refugiados mientras se deja en libertad a quienes representan una amenaza para la seguridad?
Organizaciones de derechos humanos han alertado sobre la responsabilidad de los gobiernos en la protección de perseguidos políticos. Existen precedentes en la historia donde la devolución de refugiados a regímenes represivos ha terminado en tragedia. Estados Unidos y la comunidad internacional deben evaluar con cautela el impacto de estas decisiones, pues no se trata únicamente de una política migratoria, sino de una cuestión de derechos humanos fundamentales.
A medida que el fin del Parole Humanitario se acerca, la incertidumbre y el temor crecen entre aquellos que vieron en EEUU una posibilidad de refugio. La comunidad internacional y la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados, deberá actuar con firmeza para evitar que cientos de exiliados terminen en las garras de un régimen que ha demostrado no tener piedad con sus opositores. La istración Trump no debería entregar en manos de los criminales que secuestraron a Venezuela a esos soldados. La historia será implacable con el presidente Trump si permite que inocentes sean entregados a Maduro para ser perseguidos o asesinados. No escapará al juicio de la historia, que se rige por la dignidad, la valentía y la honestidad. La única vía para que todos regresen en libertad es la salida de Maduro. Hasta entonces, el exilio seguirá siendo el único refugio para quienes se negaron a ser cómplices de la represión y la injusticia.