La abogada María Herrera Mellado, especialista en temas de inmigración, indicó que la situación para los afectados por el fin del parole es “bastante difícil” 3f215v
Viajeros caminan por la terminal aérea.
Unplash Los pasajeros llegan a la Terminal B en el Aeropuerto Internacional de Newark Liberty en Newark, Nueva Jersey, el 7 de mayo de 2025.
AFP
Imagen referencial.
unsplashMIAMI — El presidente Donald Trump obtuvo su segunda victoria migratoria de mayo, con la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de autorizar la revocación del "parole humanitario" a más de 530,000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
La decisión del máximo tribunal es temporal hasta que una corte de apelación se pronuncie sobre el fondo del caso.
Este viernes, 30 de mayo, el máximo tribunal concedió la solicitud de suspensión presentada por la istración Trump para levantar la orden de un tribunal inferior que impedía al gobierno federal poner fin a las protecciones humanitarias.
El programa lanzado por el expresidente demócrata Joe Biden que, según denuncias, fue objeto de fraude masivo, otorgaba residencia temporal y permiso de trabajo para los migrantes de estos cuatro países.
Aunque el fallo de la Corte Suprema es temporal, mientras el caso se sigue litigando en un tribunal de apelación tras el bloqueo ordenado por una juez federal de Massachusetts, este se trata de la segunda victoria judicial en materia migratoria lograda por Trump en el mes de mayo, cuando se había permitido la eliminación del Estatus de Protección Temporal para los venezolanos.
El presidente republicano sigue avanzando en su política migratoria de mano dura, con la que espera revertir la crisis migratoria sin precedentes dejada por Biden, que permitió el ingreso de más de 13 millones de migrantes, la gran mayoría de ellos indocumentados, durante su permanencia en la Casa Blanca.
Entre los migrantes irregulares que ingresaron al país bajo la istración demócrata, se encuentran decenas de miles de delincuentes, asesinos, de pandillas y terroristas que, según el gobierno de Trump, "invadieron" EEUU gracias a las políticas de manos abiertas de su antecesor, al que considera "el peor presidente de la historia" estadounidense.
La política migratoria de la istración Biden costó cada año a los contribuyentes más de 220,000 millones de dólares de forma directa e indirecta.
En marzo, el gobierno intentó revocar el estatus legal de estos migrantes llegados a Estados Unidos bajo un programa lanzado por Biden y llamado también CHNV, por las iniciales de los países que beneficia.
En octubre de 2022, el gobierno del demócrata otorgó un permiso para que un cupo de venezolanos pudiera entrar legalmente, siempre que pasaran por una investigación sobre sus antecedentes penales, tuvieran a un patrocinador en el país que les brindara apoyo financiero y estuvieran vacunados. En enero de 2023 amplió la medida a Haití, Cuba y Nicaragua.
El gobierno de Trump solicitó a la Corte Suprema levantar una orden de una jueza activista de Boston, Indira Talwani, que impidió en abril revocar el estatus legal de los inmigrantes de estos cuatro países. El máximo tribunal concedió a la istración esta solicitud.
Solo las juezas "progresistas" (de izquierda) de la Corte Suprema, Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor, disintieron. "El tribunal ha fallado hoy claramente en esta evaluación", escribieron.
Los inmigrantes "se enfrentan ahora a dos opciones. Por un lado, podrían optar por abandonar Estados Unidos de forma voluntaria y, por el otro, podrían permanecer en Estados Unidos (...) y arriesgarse a una expulsión inminente del gobierno, con las graves consecuencias que ello conlleva", explicaron ambas las magistradas.
De acuerdo con la abogada María Herrera Mellado, especialista en temas de inmigración, la situación para los afectados es “bastante difícil”, debido a que la decisión implica que los afectados tienen que tomar una “decisión muy rápida” para salir de EEUU, pero siempre con la debida orientación legal para evitar “consecuencias de por vida”.
Sin embargo, esto podría ser diferente para los ciudadanos cubanos, quienes hayan solicitado asilo durante el año o quienes hayan contraído matrimonio con estadounidenses.
Herrera Mellado dice que los inmigrantes a los que la medida impone tomar “una decisión muy rápida” pueden tener otras opciones de permanencia, pero son complejas. “Las opciones dependerán mucho del caso en concreto y de la ciudadanía de la persona”, indicó.
En el caso de los inmigrantes cubanos, mencionó la Ley de Ajuste Cubano que establece que, si la persona entró por parole o si fue inspeccionada, pudiera permanecer en el país y pedir su residencia.
Otra opción es que, si las personas de cualquiera de las cuatro nacionalidades implicadas en la medida pidieron asilo al llegar, “tienen derecho a recibir su revisión istrativa. Eso está claro”.
También pueden permanecer en EEUU personas casadas con estadounidenses. “Allí hay una posibilidad de que, si ya hay una petición aprobada, la familia o el esposo puedan ajustar”.
Como última opción, indicó la asignación del visado U o T en caso de personas que son víctimas de tráfico humano o de delitos violentos. “Pero estamos viendo casos en los que un visado tarda de tres a cuatro años”.
“Si es una persona con estatus de estudiante, se puede quedar en EEUU, dependiendo de si la universidad le da visado estudiantil, pero si termina su estatus y ya no le da tiempo, debe salir del país y volver a entrar”, precisó en conversación con DIARIO LAS AMÉRICAS.
Según Herrera Mellado, los cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos que están en EEUU con parole tienen dos alternativas: optar por una salida voluntaria para luego entrar legalmente o no salir y exponerse al proceso de deportación.
“Si la medida no se acata, se quedan expuestos a la deportación, una vez que inmigración encuentre a estas personas sin estatus legal o que lo violaron o que no cumplen con la orden de deportación, y el castigo puede ser la prohibición de entrada a EEUU desde los cinco a 20 años o incluso de por vida, dependiendo de si incurren en otros delitos menores como manejar un vehículo sin licencia de conducir”.
La experta también da una recomendación: obtener información precisa y no dejarse aconsejar por personas que fingen ser abogados ni tampoco igualar sus casos a otros.
“Ni siquiera los abogados sabemos a ciencia cierta las consecuencias inmediatas de la medida, porque aún no ha salido la normativa desarrolladora. Pero las personas afectadas deben consultar al abogado con licencia y mostrarle toda la documentación desde que entraron a EEUU, para sopesar las consecuencias, posibles penalidades o beneficios y tomar una decisión.
“Nunca deben estar desinformadas, porque eso les afectará de por vida”, subrayó.
FUENTE: Con información de AFP / EUROPA PRESS / REDACCIÓN DLA
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