El 5 de marzo pasado, cuando el Consejo Nacional Electoral, CNE, informó al país que en cuatro meses habría elecciones, según el cronograma organizado en tiempo exprés, ese organismo en control oficialista reveló una estrategia que está apartada de la legalidad y busca desmovilizar a los venezolanos que desean un cambio político en paz, explica el abogado Nelson Chitty La Roche, especialista en derecho constitucional.
Chitty La Roche, profesor y exparlamentario, no alude el hecho de que las elecciones no hayan sido convocadas para el mes de diciembre, como fue tradición histórica en Venezuela hasta 1999, pues esta es la sexta desde aquel año a la que el CNE pone discrecionalmente la fecha, por disposición de la Ley de Procesos Electorales (2009), aprobada durante el poder de Hugo Chávez. Asimismo, el experto menciona otras desviaciones.
“La convocatoria de este abrupto cronograma electoral da un plazo de apenas 147 días para la elección, pero el marco constitucional que rige el proceso electoral indica que la convocatoria debe ser conocida por todos con seis meses de anticipación”, indica y precisa que el país “conoce este proceso sistémico de desconstitucionalización desde hace 25 años”.
Además, el cronograma impone a la oposición y a los votantes una desventajosa carrera contra el tiempo. El lapso de postulaciones, hoy en día, es apenas de ocho días (del 21 al 25 de marzo) y el registro electoral para inscripción de nuevos electores y actualización de datos es de apenas un mes: Comienza el 18 de marzo y culmina al 16 de abril; poco tiempo en un país abrumado por las dificultades, y tampoco no se ha informado de centros de votación, pero sí exige una “código de vestimenta”. Ese último día se sabría de cuántos venezolanos votarán en las elecciones presidenciales.
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Chitty La Roche advierte que el problema radica en “las interpretaciones constitucionales muy a menudo contrarias a la propia Constitución e incluso a los principios elementales de Derecho Constitucional” y cita la inhabilitación política aplicada a la candidata presidencial de la oposición María Corina Machado en junio de 2023, ratificada por el Supremo siete meses después, e informada públicamente por el CNE este 11 de marzo.
La decisión le impide a Machado, electa candidata en primarias opositoras con más de 3 millones de votos, ejercer no solo cualquier cargo público, como el presidencial, aunque haya sido legitimada por el voto popular, sino también sus derechos políticos.
“Esto no tiene ningún asidero legal ni constitucional”, dice el abogado.
En este contexto de incertidumbre, la oposición de la Plataforma Unitaria se juega su mayor desafío político: En 12 días esta fuerza política debe decidir si inscribe a Machado, a pesar de la ilegal inhabilitación, o a otro aspirante que tenga la aceptación de la candidata electa, para vencer a Maduro en su intento de reelección.
La disyuntiva también estaría pesando, aún más, en lo interno del PSUV, partido del régimen, según la profesora Carmen Beatriz Fernández, especialista en Ciencias Políticas y consultora política internacional.
Basada en estudios recientes, Fernández sostiene que todas las encuestas señalan a Maduro con niveles “muy bajos” de afecto popular, entre 12% y 20% “las más generosas”, frente a Machado que “en cualquier escenario” tendría por encima 30 puntos de diferencia o más, según precisa. “Y aún en el escenario de que Machado no pudiera inscribirse, pero sí expresar su apoyo a algún candidato sustituto o en el que ella deposite su confianza, la diferencia con Maduro también sería de unos 30 puntos”.
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Frente a este escenario, al régimen venezolano no le quedaría más opción que “hacer lo que le conviene para desmotivar al electorado y disuadir la naturaleza del evento electoral que no es otra que el control político y una manifestación soberana de confianza”, señala Chitty La Roche.
“El régimen no quiere elecciones limpias y trabaja en todo caso para que no voten los 5 millones de electores en el exterior; los jóvenes y aquellos que tendrían que hacer cambio de residencia, que suman 3.6 millones; y además está intimidando para que la gente se quede en casa con miedo, con desilusión”.
Fernández ve claro que las elecciones del 28 de julio “no serán ni libres ni justas” de acuerdo con los estándares internacionales que rigen los procesos comiciales. Y equipara el proceso presidencial con el símil de la “cancha inclinada” en un juego de futbol para ilustrar una “elección amañada”. Significa que uno de los jugadores de los equipos, en el juego de futbol, tiene más facilidad que otros para meter goles, porque la pendiente de la cancha lo favorece, explica la profesora.
“Que el jugador que está en el gobierno es el que controla el arbitraje, esto ha sido así en Venezuela desde hace muchos años. Pero en cada elección la cancha se hace cada vez más inclinada, con lo cual el jugador oficialista tiene más facilidades para ganar”.
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A pesar de la adversidad que significa la “cancha inclinada”, analistas avizoran “ventajas importantísimas” para la oposición. “Así la cancha se haga vertical y se convierta en una cancha de basket habiendo convocado un partido de futbol”, precisa Fernández.
“Creo que las diferencias que existen entre la opción Maduro y su desafecto y la de la oposición son tan abrumadoras, tan importantes para la sociedad que eso se convierte en una oportunidad que la sociedad debe apostar a la unidad del voto democrático y saber aprovechar para que se produzca el cambio político”.
Francisco Coello, sociólogo y profesor universitario (UCAB) percibe que, aunque el régimen apunta a la desmovilización junto al ventajismo y la violación de normas, los venezolanos seguirán apegados a la ruta electoral que la oposición ha trazado. “Y es un logro, la gente la ha comprado y no la va a abandonar. Por eso creo que una salida ganadora para las elecciones está abierta”.
Un escenario contrario significaría la devastación del país, dice, porque cree que la mejor opción es el proceso electoral con una salida pactada y pacífica. “Una transición, como la que funcionó hasta en el franquismo de España, procura ganancias no para un bando sino para el país”.
Fernández, para quien los tiempos en el cronograma electoral “se inscriben medianamente dentro de los acuerdos de Barbados, y de las más serias organizaciones de veedurías y observación electoral”, destaca un aspecto particular, más allá de motivaciones emocionales: la fecha escogida para elección presidencial.
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“La cuadraron con el cumpleaños de Chávez y eso es una señal de lo debilitado que está Maduro, quien lleva cuatro años tratando de hacerse de un liderazgo por sí mismo sin estar arropado por la sombra de Chávez, con la campaña del “súper bigote”, pero eso fracasó. Pero ¿por qué se escogió esa fecha del segundo semestre de 2024, por qué tan temprano?”.
“Creo que una de las razones, y hay que meterle lupa a esto, es que es posible que estén pensando en tener las riendas para un eventual proceso de transición, el cual, si la elección fuese en diciembre, podría complicarse ante un proceso incierto que puede conducir al abandono del poder”, razona.
Y prosigue: “Pero en julio tendrían nueve meses, desde el 28 de julio hasta la toma de posesión en marzo 2025, para un proceso de transición que puede estar conducido, con riendas bien tomadas, por el oficialismo, por el ‘madurismo’ o el generalato. Creo que sí hay gente adentro que, por más hermético que sea y por más discusiones internas que se den, creo que hay gente que está pensando en esa transición y la fecha puede ser un indicador de ese pensamiento”.
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FUENTE: Entrevistas a Nelson Chitty La Roche, Carmen Beatriz Fernández y Francisco Coello