La nueva legislación que Maduro propone a la Asamblea Nacional es “altamente peligrosa” e integra un paquete legislativo contra la libertad, según juristas 25j49
Asamblea Nacional, al servicio del régimen de Nicolás Maduro
AP/Matías DelacroixCARACAS.-Nicolás Maduro exigió a la Asamblea Nacional, afín al régimen, que apruebe “muy rápido” una legislación que han identificado como Ley Contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares, para criminalizar y castigar reuniones, manifestaciones públicas y otros hechos que, según sus creadores, “promuevan violencia”. Esto, mientras la represión policial y militar, sin precedentes, avanza en cualquier ciudad de Venezuela.
“Estamos enfrentando a una gente malévola, fascista. ¿Ustedes entienden bien lo que es el fascismo? Es el odio, la intolerancia, convertida en violencia”, dijo Maduro en una actividad transmitida por canales oficialistas, en alusión a la coalición de la oposición unitaria que propugna un cambio político en el país. Esto, mientras se realizaba ese sábado 17 de agosto la multitudinaria Gran Protesta Mundial, liderada por María Corina Machado, en unas 350 ciudades del orbe, en contra del fraude electoral ocurrido el 28 de julio y por la libertad de los venezolanos.
Aunque la ley, aprobada en primera discusión en abril por la Asamblea Nacional, no fue discutida en la sesión del martes último, el oficialista Jorge Rodríguez, presidente de la instancia unicameral, dijo apegado a su estilo, que pronto lo será: “Con el fascismo nada, con el fascismo no se negocia, al fascismo se le enfrenta, al fascismo se le derrota, al fascismo se le aniquila y se le extingue”, expresó según medios.
Dos días más tarde, Maduro informó que realizaría un congreso mundial “contra el fascismo” para convertir a Venezuela en “epicentro de ideas”, con “personalidades de todos los continentes”. Y aunque no adelantó fecha, indicó que lo hará antes del 18 de octubre, para cuando convocó un congreso nacional sobre el tema.
La llamada ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares es “altamente peligrosa por lo que no dice”, advirtió el abogado Carlos Sarmiento Sosa, exvicepresidente de la Asociación Mundial de Juristas y estudioso de este sistema político a escala mundial.
“Esta ley habla de ‘expresiones similares’, con lo que se deja libre el concepto. También es discrecional, pues deja abierto el sentido de lo que se quiera interpretar y esto es altamente peligroso. Cualquier opinión que se emita puede dar pie a que el intérprete diga que eso es neofascismo, e inmediatamente conducen a la persona a un tribunal. Y si se quiere castigar, aplicarán una sanción a la medida”.
El fascismo y el neofascismo, acotó, han sido definidos a lo largo de la historia como una doctrina totalitarista que pone al Estado por encima de su población y otorga primacía absoluta a la entelequia del Estado-Nación, desconociendo el concepto de individuos libres. No es, pues, expresión de violencia y odio en la sociedad, como el régimen procura implantarlo.
Pero el proyecto de ley, sometido a discusión, considera como "actos fascistas", aquellos a los que incurran personas que "soliciten, invoquen, promuevan o ejecuten acciones violentas como medio o vía para el ejercicio de los derechos políticos".
Quienes recurran a la “violencia con fines políticos”, lo cual pudiera interpretarse como cualquier manifestación contra el régimen, serán sancionados con una pena de ocho a doce años de prisión e inhabilitación política, según el texto de la ley. Y para quien incurra en “apología del fascismo”, hay pena de seis a 10 años de prisión e inhabilitación política.
Además, financiar cualquier acto que pueda interpretarse como actividades “fascistas” se castiga con multas de entre 50.000 y 100.000 veces el tipo de cambio de mayor valor frente al dólar publicado por el Banco Central.
“Es una herramienta más del oficialismo para perseguir a los adversarios o a cualquier otro que se atreva a opinar, a los que inmediatamente calificarán de fascistas o neofascistas y conseguirán los elementos para echarle el guante a la gente”, explicó Sarmiento. Y añadió que en esto “quien lleva la batuta, por la ley, en es el ilegítimo fiscal general (Tarek William Saab), quien estando al servicio del régimen no dudará en aplicarla”.
Sarmiento no dudó en asegurar que este instrumento que pretenden hacer legal procura “el fin de la sociedad civil en Venezuela”, en el complicado contexto de crisis política y paquete de leyes que ya tienen vigencia.
Si a esta ley sobre fascismo se le suman otras como la de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG), recién sancionada por el Parlamento un año y ocho meses después de su primera discusión (24 de enero de 2023) y la Ley contra el Odio, promulgada el 8 de noviembre de 2017, “evidentemente que se está persiguiendo a todo rastro de expresión de la sociedad civil”, explicó.
La ley prevé que el Consejo Nacional Electoral (CNE) puede cancelar el registro de los partidos que promuevan “actos fascistas”, por lo que podría acabar hasta con los partidos políticos, pero a la mayoría “los han judicializado y descabezado a través del TSJ ilegitimo”, según Sarmiento.
Ante esto, señaló que Venezuela sigue los pasos de otros países aliados como Rusia y Nicaragua, donde las ONG, las asociaciones civiles, la Iglesia católica y las libertades individuales son proscritas por sus sistemas. “Por eso, Venezuela tiene también un sistema fascista que imputa a los adversarios ser lo que ellos son”.
En contrario, el fascismo que surgió en Italia (1922) está castigado en Alemania, que lo emuló.
“En Alemania se castiga al neofascismo porque las ideas de los nazis están prohibidas, al igual que en la Unión Europea donde se prohibió también el comunismo, porque fascismo y comunismo se dan la mano”.
Apelar al fascismo ha sido una constante del chavismo en Venezuela.
Especialistas recordaron que Hugo Chávez aprovechó foros internacionales en 2007 para acusar de fascistas a mandatarios adversarios, como al expresidente del Gobierno español José María Aznar.
Años más tarde, en abril de 2022, Maduro realizó la primera Cumbre Internacional contra el Fascismo, con casi 200 invitados de cinco continentes, para “debatir” durante tres días el golpe y el regreso de Chávez al poder.
Sin embargo, la aprobación de la ley en el contexto actual de represión y de signos de abierto totalitarismo, ha encendido las alarmas esta vez.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó a las autoridades de Venezuela a no aprobar “leyes que socaven el espacio cívico y democrático del país”, mientras importantes ONG, como PROVEA, han advertido que con el marco legal “buscan cerrar el espacio cívico, silenciar a sectores críticos y legitimar prácticas persecutorias por parte del Estado”.
Sarmiento va más allá. “La comunidad internacional tiene que entender que desde 2013 y desde 2007 con la reforma constitucional que Chávez perdió, pero que impuso, hay un estado de inconstitucionalidad permanente en Venezuela. Se vive un golpe de Estado continuado, uno tras otro, en contra de la democracia. El último eslabón ahora, la Sala Electoral del TSJ, puede constituir un nuevo golpe de Estado contra la Constitución del país”.
FUENTE: Entrevista al jurista Carlos Sarmiento Sosa, con información de
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