La tortura en Venezuela sigue vigente como método represivo, a pesar de que el régimen venezolano se encuentra bajo investigación de organismos internacionales 2s4g56
Persona encarcelada.
PIXABAYCARACAS.- Desde hace años, en Venezuela se violan constantemente los derechos humanos. La tortura y los tratos crueles e inhumanos se han convertido en un modelo represivo de los cuerpos de seguridad del Estado controlados por el régimen de Nicolás Maduro contra sus opositores.
Cientos de presos políticos han sido víctimas de las más crueles torturas mientras han permanecido detenidos por funcionarios de fuerzas policiales como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).
Este tipo de comportamiento criminal por parte de funcionarios policiales venezolanos al servicio del régimen ha formado parte de un patrón de política sistemática de represión en contra de estudiantes, líderes sindicales, políticos, periodistas, ONG y defensores de derechos humanos, con el objetivo de obtener información, confesiones, reprimir y castigar a aquellos considerados como amenazas para quienes mantienen en dictadura a ese país desde hace más de 20 años.
La crisis de derechos humanos y los mecanismos de persecución y criminalización en el país suramericano se profundizaron durante las protestas de los años 2014 y 2017, cuando la represión y las torturas se convirtieron en un nuevo método de las fuerzas de seguridad y grupos armados para atacar a quienes manifestaban en rechazo a la crisis económica, política y social que atraviesan los venezolanos.
Durante las protestas en Venezuela de 2014, la organización no gubernamental venezolana de derechos humanos, Foro Penal documentó 33 casos de torturas contra detenidos, afirmando que los abusos fueron “continuos y sistemáticos”, afirmando que las autoridades venezolanas eran acusadas de golpear fuertemente a los detenidos y robarles sus teléfonos y pertenencias.
En el año 2020, el Diario TalCual presentó en el marco del Día Mundial de los Derechos Humanos su primera serie documental: La República que Tortura, un audiovisual de seis episodios que expone una exhaustiva investigación que documenta casos de presos políticos y presos comunes víctimas de torturas por parte de funcionarios bajo el mando del régimen venezolano.
Según refiere este trabajo, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, la creación de expedientes con pruebas falsas, los castigos con descargas eléctricas y asfixia, las ejecuciones extrajudiciales y la espera de una sentencia firme por parte de un tribunal, constituyen algunas de estas formas de tortura implementadas por quienes ostentan el poder en la nación.
Las cárceles, los centros de detención preventiva y lugares clandestinos se han convertido en los sitios empleados para cometer estos delitos considerados de lesa humanidad.
Una Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, comisionada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas confirmó en septiembre de 2020 la existencia de estos lugares y manifestó que tenía motivos razonables para creer que en el país caribeño las fuerzas de seguridad han cometido crímenes de lesa humanidad desde el 2014.
Igualmente, investigó 212 casos de víctimas que, entre los años 2014 y 2022, fueron sometidas a tortura, violencia sexual y otros tratos, y dictaminó que habían motivos razonables para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad que han contado con el apoyo de las más altas autoridades, incluyendo al propio Nicolás Maduro.
Cabe resaltar que en decenas de ocasiones, estas torturas han llevado a la muerte a las víctimas, como en los casos del concejal del municipio Libertador de Caracas por el partido venezolano Primero Justicia, Fernando Albán o del capitán Rafael Acosta Arévalo.
Para el año 2019, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), reportó 852 personas como víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes, además de 1.033 heridos y lesionados por estas causas. Tú
Por otra parte, en su informe del mismo año, la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet registró en un informe más 72 denuncias por torturas y otros malos tratos a 174 personas detenidas en el contexto de protestas entre 2017 y 2019.
En la actualidad, las torturas, persecuciones y la represión en contra de quienes piensan diferente a la tiranía de Maduro siguen vigente como método represivo en el país ubicado en Suramérica, a pesar de que las autoridades venezolanas se encuentran actualmente bajo investigación de organismos internacionales.
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) registró en la 34ª edición de su informe anual correspondiente al período enero-diciembre de 2022, sobre la situación de los DDHH en Venezuela, 2.203 víctimas de violaciones al derecho a la integridad personal, 91 personas víctimas de tortura y dos muertes a causa de torturas.
Datos de la organización venezolana Justicia Encuentro y Perdón, revelan que el régimen de Nicolás Maduro mantienes 323 presos políticos en distintos centros de detención. De los cuales, al menos 103 presos han sido sometidos a diversos tipos de métodos de tortura, como golpes, palizas, cortes, ahogamientos simulados, violencia sexual y tortura psicológica.
Además, al menos 212 presos sufren tratos crueles y degradantes, y enfrentan condiciones inhumanas de reclusión, incluyendo hacinamiento, insalubridad, falta de ventilación, escasez de alimentación, higiene deficiente, falta de a medicamentos y atención médica y aislamiento del o con familiares y abogados.
Si bien algunos han sido liberados, muchos estudiantes, líderes sindicales, políticos y periodistas continúan siendo detenidos y torturados bajo la mano criminal de la dictadura.
Uno de los casos más recientes es el del estudiante de antropología de la Universidad Central de Venezuela (UCV), John Álvarez, quien fue detenido en el mes de agosto de 2023, mientras pegaba afiches en la avenida Bolívar, en el centro de Caracas, acusado por estar presuntamente vinculado en “actividades conspirativas” contra el sistema dictatorial de Maduro.
Aunque fue liberado el 23 de diciembre 2023, tras 115 días en arresto arbitrario, el joven de 24 años perdió la visión del ojo izquierdo y fue diagnosticado con inflamación del riñón izquierdo y una lesión en la pierna derecha, debido a las torturas que sufrió durante su detención.
Otro caso conocido es el de el defensor de derechos fundamentales Javier Tarazona, director de la ONG FundaRedes, detenido desde julio del 2021 en una de las sedes del Sebin, acusado de presuntos delitos de terrorismo, instigación al odio y traición a la patria, tras haber denunciado a un alto funcionario venezolano ante el Ministerio Público.
De acuerdo al informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM por sus siglas en inglés), presentado en septiembre de 2023 ante el Consejo de DDHH de la ONU, en Venezuela “siguen ocurriendo” violaciones de los derechos fundamentales y se intensifican los ataques “selectivos” contra el espacio cívico y democrático a través de políticas de Estado orientadas a “silenciar” a quienes disienten del régimen.
La ausencia de voluntad por parte del sistema de justicia venezolano para investigar y enjuiciar estas violaciones de DDHH llevó a la Corte Penal Internacional (I) a abrir, en el año 2021, una investigación formal sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
El fiscal de la I, Karim Khan, abrió una investigación para “abordar la impunidad" e investigar si se cometieron crímenes contra la humanidad por parte de fuerzas de seguridad venezolanas desde abril de 2017.
Luego de que la dictadura de Maduro solicitara un aplazamiento de la investigación en 2020, la Sala de Cuestiones Preliminares de la I autorizó en junio de 2023 a Karim Khan, reanudar la investigación a Venezuela por crímenes de lesa humanidad, argumentando que “el Estado venezolano “no está investigando o no ha investigado hechos delictivos que puedan constituir delitos”.
La práctica continúa de esta política criminal en Venezuela se ha visto facilitada por la falta de independencia y autonomía de las instituciones encargadas de investigar y fiscalizar este tipo de crímenes en el país. Tanto el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo se encuentran desde hace muchos años bajo el control directo del Poder Ejecutivo.
Esto fue destacado en el tercer informe de la MIIV de la ONU, en cuya conclusión se destaca que en Venezuela "el sistema de justicia contribuye directamente a la perpetuación de la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos y delitos, impidiendo a las víctimas acceder a recursos legales y judiciales efectivos. En ciertos casos, también contribuye a la política estatal de reprimir a la oposición".
En octubre de 2023, luego de la firma de dos acuerdos que se realizaron en Barbados, entre representantes de Nicolás Maduro y la oposición venezolana, uno de ellos sobre garantías electorales y el otro sobre el conflicto territorial con Guyana, las autoridades venezolanas excarcelaron a cinco presos políticos.
Entre ellos el exdiputado de la Asamblea Nacional venezolana de 2015, Juan Requesens, que cumplía arresto domiciliario, sentenciado a ocho años de prisión por su presunta participación en un intento de asesinato en 2018 contra Maduro utilizando dos drones explosivos, y el periodista Roland Carreño, detenido desde 2020 por cargos de terrorismo.
Aunque Estados Unidos no ha formado parte de este proceso, ha jugado un papel importante en estas liberaciones y negociaciones políticas. La istración del presidente Joe Biden suavizó algunas sanciones a Venezuela, después de que Maduro tomara medidas sobre las garantías electorales en la elecciones en su país, como un movimiento para mejorar las relaciones bilaterales entre las dos naciones.
De igual manera, en diciembre de 2023, fueron liberados 10 presos estadounidenses que permanecían detenidos en Venezuela a cambio de la libertad del empresario colombiano y nacionalizado venezolano Álex Saab, un estrecho aliado y presunto testaferro de Nicolás Maduro, como parte de estas negociaciones. Saab fue detenido en 2020 en Cabo Verde por una notificación de alerta roja de Interpol y luego extraditado a EEUU en octubre de 2021.
Con estas liberaciones, que se llevaron a cabo semanas después de que la Casa Blanca acordara suspender por seis meses algunas sanciones a la nación suramericana sobre el sector petrolero, gas y oro, el régimen venezolano ha intentado hacer ver que ha cesado la reprensión y la persecución política, mientras aún permanecen 270 personas privadas de libertad, según cifras del Foro Penal.
@Lydr05
FUENTE: con información de Tal Cual, Infobae, Efecto Cocuyo, El País y El Universal
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