El régimen de Nicolás Maduro ha ido mutilando la libertad de expresión porque le teme a la verdad que ha de registrar el periodismo. Persecuciones, amenazas, censura, son parte de la cotidianidad para el trabajador de un medio de comunicación. Tener la herramienta VPN es condición obligada para poder acceder a la mayoría de los portales bloqueados por la tiranía. Y lo más grave: doce periodistas están en prisión, el más reciente, Rory Branker, quien después de 45 días se mantiene en desaparición forzada al desconocerse su paradero luego de haber sido interceptado por dos motorizados la mañana del 20 de febrero en Macaracuay cuando se dirigía a su trabajo. Rory es editor del portal La Patilla.
Es importante destacar que la cifra de doce periodistas presos es de las más altas del hemisferio con la gravedad de que sus detenciones también son utilizadas para enviar mensajes a terceros, bien sean los dueños de medios de comunicación o dirigentes políticos.
La arremetida contra los trabajadores de la prensa ha sido peor después del 28 de julio cuando resultó ganador de la elección presidencial Edmundo González Urrutia. En los días inmediatos a ese proceso electoral se violentaron de manera dirigida los derechos humanos en los sectores populares en operaciones ejecutadas por bandas armadas. Desde entonces el régimen activó los mecanismos y recursos para evitar el registro de tales delitos, así como de la evidencia y los testimonios sobre la represión sangrienta, y la coacción y amenazas a la comunidad en unos procedimientos que incumplieron todo principio legal.
Pero, además, en operaciones de inteligencia coordinadas por cubanos se comenzó el rastreo y cruce de llamadas, así como el registro de mensajes de texto y de WhatsApp, para asfixiar la comunicación y sembrar el terror, limitando el trabajo de los comunicadores sociales.
Después de más de 8 meses la situación no ha cambiado. El hostigamiento contra periodistas y trabajadores de la comunicación ha sido constante con el cierre de medios; en total van 400. La variedad de delitos atribuidos a periodistas no se limita a la poca credibilidad de su adjudicación o lo absurdo de la acusación. Tal es el caso que comentar el índice de inflación o registrar la escasez de ciertos alimentos, puede ser considerado como una acción intencionada para crear zozobra en la población.
Más recientemente a la tiranía le ha dado por atribuir a los periodistas delitos penales que no se relacionan con su labor profesional; el plan con ello es desacreditarlos como ciudadanos, e igualarlos con delincuentes comunes. De hecho, recientemente se han activado procesos para llevar a juicio a comunicadores por delitos de extorsión o estafa. Por eso Diosdado Cabello fue quien anunció que Rory había sido capturado por “extorsionar a personas mediante la publicación de información falsa”.
Dos acciones judiciales han sido activadas recientemente contra dos respetados periodistas poseedores de una extensa y sólida carrera profesional. Son los colegas Charito Rojas de Carabobo y Gustavo Azócar de Táchira. Ambos tuvieron que salir del país ante inminentes detenciones. Se suman ellos a una abultada estadística de comunicadores regados por distintas partes del mundo con reducidas posibilidades de ejercer su profesión, activándose en lo posible en las redes sociales al tiempo de procurar modos alternativos de supervivencia.
Entretanto los pocos colegas que van quedando en el país se ven en la necesidad de mudarse de residencia, y en ocasiones de ciudad.
Los periodistas además tienen que enfrentar rudas campañas de descrédito a través de los medios del régimen que utilizan a personajes de su nómina dedicados exclusivamente a descalificar la vida personal de los comunicadores con datos falsos que procuran alimentar el odio de la poca militancia que le va quedando a la tiranía.
El régimen no escatima en recursos para ejecutar la censura y los ataques a periodistas y aun así le es imposible ocultar la verdad de los hechos: Maduro perdió dramáticamente el pasado 28J.
Es evidente que Maduro y su camarilla en la certeza de ser minoría en el país se mantendrán en el camino de la violencia, la represión y la censura, así como está claro que quienes aún detentan el poder seguirán violando los principios democráticos fundamentales.
Los periodistas y trabajadores de medios detenidos actualmente son: Roland Carreño, Rory Branker, Leandro Palmar, Belises Cubillán, Julio César Balza, Víctor Ugas, Biagio Pilieri, José Camero, Gabriel González, Luis López, Carlos Julio Rojas, Ramón Centeno, además de Omar González y Claudia Macero, asilados en la embajada de Argentina en Caracas. No los olvidemos.
Y no nos callarán.
