Las bandas paramilitares, pranes, guerrilleros, narcotraficantes, sindicatos criminales, son la verdadera autoridad armada en todos los estados del país. Es la estructura del crimen organizado que opera con la impunidad de trabajar para el poder político, civil y militar, y por lo tanto con protección garantizada de las autoridades nacionales, regionales y locales.
El próximo 25 de mayo una farsa procurará revestir de un mínimo de legitimidad a los representantes del oficialismo y en general al régimen; pero realmente se trata de un reajuste de la distribución del poder del crimen organizado. El objetivo es que los delitos se multipliquen y que sean más productivos según la potencialidad del territorio, especialmente por su ubicación geográfica, lo que explica que para seleccionar a los candidatos a gobernadores (y los otros cargos) decidió la voz del mafioso que consideró la capacidad del escogido para coordinar con eficiencia las actividades del cártel o de la banda que presida el control de la zona.
Para la selección de los candidatos fue expresamente ignorada la opinión de la militancia del Psuv, lo que ha generado un ruido explicable ante el irrespeto de la élite del régimen a la voluntad de la militancia que en la mayoría de los casos aspiraba unos rostros distintos.
En nuestro país cada estado tiene su propia dinámica delictiva según la potencialidad de su territorio. Se sabe que las actividades del narcotráfico ocupan las áreas limítrofes con Colombia donde los guerrilleros mandan también en Venezuela, más aún después de haber encontrado tierra fértil para producir hoja de coca y haber avanzado en la instalación de laboratorios.
También en estos territorios el venezolano Cártel de los Soles y la guerrilla operan conjuntamente en Táchira y Apure donde los mandatarios han de ser claramente complacientes con los narcotraficantes, igual que en Zulia, donde Diosdado Cabello ha decidido tomar el control de las alcaldías.
Esta elección del 25 de mayo también asoma situaciones descaradas y peligrosas, como que la actual alcaldesa de Turmero y candidata a gobernadora del estado Aragua, Joanna Sánchez, sea ficha del Tren de Aragua, con evidencia de que su asistente Beatriz Adriana Gabriela Alfaro “La Kuki”, quien ha sido la encargada en esa alcaldía de “asuntos sociales de las comunidades” como asistente y mano derecha de Sánchez, es el correo entre la banda sanguinaria y el poder local. Si se necesitaba evidencia al respecto, la ejecución de un operativo policial llevó por accidente a desvelar numerosos mensajes, fotos y videos comprometedores que confirmaron la estrecha relación de la funcionaria con del Tren de Aragua.
La costa venezolana es otra zona disputada por los criminales encargados de despachar la droga hacia el mar Caribe. Allí se mezcla todo: cárteles, bandas delictivas, malandros que son aliados del poder civil, así como la voracidad de los militares bajo la fruición de Miraflores.
Para controlar la zona de las Minas en el estado Bolívar el régimen ha decidido colocar en la gobernación a Yulisbeth García, alias La Tata que se ha desempeñado como alcaldesa del municipio Piar desde el 2017. Lo méritos de La Tata llevan el sello de la violencia, junto a su cercanía con los responsables de la explotación ilegal de minerales, cuyo proceso concentra muertes, desapariciones, torturas, asesinatos, amputados y diferentes maneras de esclavitud forzada.
La jerarquía de los militares no está definida por su grado castrense. En Venezuela pesan más los que mejor se llevan con las mafias. De esta manera, en Táchira es más autoridad Freddy Bernal que un general en jefe o que el director del CIC. Igual ocurre en Falcón, estado del cártel de Paraguaná y donde el gobernador virtualmente reelecto Víctor Clark es decisivo para el ascenso de militares destinados a esa zona.
Otros en cambio son colocados como monigotes, en el entendido de que será otro quien mandará; es el caso del general de brigada Luis Reyes Reyes a quien lanzaron para la gobernación de Lara con la intención de que gobierne su hijo Luis Jonás Reyes, alcalde del municipio Iribarren, poseedor de un grueso expediente de violaciones de derechos humanos liderando bandas paramilitares, en buena cuota herencia del padre que entre 2000 y el 2008 cuando fue gobernador en ese estado, dio puerta franca a bandas de exterminio dentro de la Policía de Lara; las agresiones fueron de escala diversa con artefactos explosivos tipo bombas molotov hasta la ejecución de secuestros.
Esa marca sangrienta arrojó la pavorosa cifra de 3.458 muertes violentas en ese estado.
No hay espacio suficiente para enumerar las bandas que operan en todos los estados del país. Los nuevos o usados mandatarios regionales, al igual que la cúpula de Miraflores obedecen al crimen organizado.
Todo el país ha sido permeado por el delito y ningún candidato a gobernador ha dado señales honestas de que privilegia el bienestar de pueblo. Todo lo contrario, progresivamente el crimen y la violencia se han ido afianzando en el país, las bandas han desplegado su presencia, sembrando los territorios de terror y muerte.
Venezuela es patio de criminales donde este 25 de mayo lo que realmente se decidirá es quienes son los jefes mafiosos de cada zona.