MIAMI— Un editorial de opinión publicado por el Washington Post, de este martes 10 de agosto, indica que el gobernante ruso Vladimir Putin estaría socavando la integridad de la sociedad civil rusa.
“Alexei Navalny ha cumplido más de seis meses en prisión por un cargo destinado únicamente a silenciar al oponente más abierto y prominente del presidente ruso Vladimir Putin, y la organización de Navalny ha sido destruida por las autoridades rusas. Con un ajuste constante de los tornillos, Putin está diezmando lo que queda de la sociedad civil de Rusia”, abre el texto de opinión.
Para ampliar esto, recuerda los intentos de envenenamiento por parte de los servicios de seguridad de Putin en contra del opositor Navalny hace un año, por lo cual tuvo que permanecer en recuperación durante cinco meses. Posteriormente fue acusado por Rusia por violar una sentencia, pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos definió este cargo como "arbitrario". Aún así, Navalny fue llevado a la cárcel en febrero pasado, con una sentencia de 32 meses.
Y la represión siguió cuando, en medio de las manifestaciones en apoyo a Navalny, las autoridades arrestaron a su aliado Lyubov Sobol, entre otros populares activistas, que fueron acusados de violar las regulaciones pandémicas. Estas manifestaciones ocurridas en febrero fueron fuertemente reprimidas y se detuvieron a unas 10.000 personas en el país, con la creación de más de 90 casos penales contra quienes manifestaban sus opiniones en las calles. Decenas de ellos fueron condenados a prisión.
Después, en mayo, en Rusia se introdujo una nueva legislación que prohibía que cualquier persona denominada por el gobierno como "extremista" se presentara para las elecciones. Ya para el 4 de junio, este proyecto de ley fue aprobado por el parlamento y firmado por Vladimir Putin. Ese movimiento dio pie a que, a los cinco días, un tribunal de Moscú dijera que las organizaciones de Navalny eran "extremistas". La acción fue efectiva también para los que tuvieran nexos directos con Navalny y se postularan para las elecciones, que son en septiembre.
“Toda la sociedad civil rusa está bajo presión”, denuncia el artículo del Washington Post. “Las organizaciones de noticias se etiquetan regularmente como ‘agentes extranjeros’ y se les exige que emitan un descargo de responsabilidad en cada artículo y transmisión”, se lee en el reporte sobre el asedio a los medios de prensa.
En ese sentido se reveló que “las autoridades allanaron la casa del editor en jefe de Insider, Roman Dobrokhotov, quien a menudo se ha asociado con Bellingcat, la organización de código abierto que ayudó a exponer las acciones de los servicios de seguridad de Rusia, incluido el ataque a Navalny. El sitio de investigación Proekt fue etiquetado como una ‘organización indeseable’ y prohibido”.
Por último, el editorial del Washington Post recalcó que “Rusia usó un arma química para envenenar a Navalny. El presidente Biden está retrasado en la imposición de sanciones obligatorias”.
“Cuando Biden se reunió con Putin en junio, el presidente estadounidense planteó la persecución de Navalny y prometió mantener la presión, porque ‘eso es lo que somos, eso es lo que somos’. Biden se comprometió a ‘defender las libertades universales y fundamentales que todos los hombres y mujeres tienen, en nuestra opinión’. Sin embargo, dos meses después, la guerra de Putin contra la sociedad civil continúa”, detalla el artículo.
Más acciones contra los opositores
Las autoridades rusas abrieron un nuevo caso penal contra los dos aliados más próximos al líder opositor Navalny, la última de una serie de acciones para sofocar a su ya asediado equipo.
El Comité de Investigación anunció el martes una pesquisa contra Leonid Volkov y Ivan Zhdanov, a quienes acusa de recaudar fondos para grupos extremistas. El cargo acarrea una pena de hasta ocho años de cárcel.
En junio, un tribunal ilegalizó la Fundación de Lucha contra la Corrupción de Navalny y una red de oficiales regionales calificándolas de organizaciones extremistas. La designación impide que quienes estén asociados a ellas puedan optar a un cargo público y los expone a largas penas de prisión.
La fundación suspendió sus esfuerzos de recaudación de fondos antes del fallo judicial para mitigar el riesgo para sus partidarios. Pero la semana pasada, el equipo de Navalny anunció una reanudación a través de transacciones encriptadas para eludir el sistema bancario ruso y permitir que sus donantes mantengan el anonimato.
Las autoridades rusas bloquearon rápidamente la web lanzada por el equipo de Navalny. El Comité inició su pesquisa alegando que Volkov y Zhdanov querían continuar con las “actividades ilegales" de las organizaciones proscritas.
Los dos aliados de Navalny han sido objeto de numerosas investigaciones penales en los últimos años y han abandonado Rusia.
Navalny fue arrestado en enero a su regreso de Alemania, donde pasó cinco meses recuperándose de un envenenamiento con una sustancia tóxica del que culpa al Kremlin — una acusación rechazada por las autoridades rusas.
En febrero fue condenado a dos años y medio de cárcel por violar los términos de una sentencia suspendida en un caso de malversación de 2014 que el activista considera políticamente motivado.
Su detención y posterior encarcelación provocaron una ola de protestas masivas que parecieron suponer un gran reto para el Kremlin. Las autoridades respondieron con detenciones masivas de manifestantes y acusaciones penales contra los aliados más próximos a Navalny.
Asimismo, este miércoles trascendió que investigadores rusos acusaron a Navalny, encarcelado, de un nuevo delito que podría prolongar su estancia en prisión, como indicó un cable de noticias de la agencia AFP.
El Comité de Investigación ruso, encargado de estudiar los delitos más importantes, afirmó que, en el marco de su investigación de organizaciones críticas con el Kremlin, había acusado a Navalny de "crear una organización sin ánimo de lucro que infringe los derechos de los ciudadanos".
Aquí puede leer el texto completo del Washington Post.
FUENTE: Washington Post / AP / AFP
