El expresidente Donald Trump habla a miles de seguidores en una acto. 3b5e6w
ALON SKUY/ AFP
El expresidente Donald Trump en un acto en Tusla.
AFPMIAMI- El prominente gobernador de Florida, Ron DeSantis, criticó en las últimas horas con dureza al fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, y calificó la investigación al expresidente Donald Trump como un "circo fabricado".
La prensa, alineada a las políticas de izquierda y extrema izquierda del gobierno de Joe Biden, se dio a la labor de levantar una intensa campaña en los últimos días sobre una “inminente presentación de cargos criminales” contra Trump por [supuestos pagos] secretos por un valor de 130.000 dólares a la actriz de la industria de la pornografía, Stormy Daniels, durante la campaña presidencial de 2016.
El caso ha sido desestimado por varios fiscales, que alegan falta de pruebas y consistencia legal.
El expresidente Donald Trump afirmó en su plataforma Truth Social que podría ser detenido este martes por la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan.
“Esta es un caso que ha sido desestimado por muchos fiscales estatales. No podemos permitir que, por cuestiones políticas y personales, un fiscal le haga un gran daño a la democracia y a las instituciones de este gran país. Es algo que no se puede tolerar. Acá tiene que regir el Estado de Derecho, la calma y la paz”, dijo el congresista Díaz-Balart en una entrevista con el programa Buenos Días Americano, de la plataforma Americano Media.
“Arrestar a un expresidente de Estados Unidos por supuestos cargos hechos por una fiscal local, no tiene precedentes en la historia del país. Espero que esto no suceda. Llegar a ese punto, en un país que ya está dividido, sería extremadamente dañino para esta nación”, sostuvo Díaz- Balart.
El profesor de derecho de la Universidad George Washington, Jonathan Turley, criticó los informes sobre el caso potencial que se avecina contra el expresidente Donald Trump y afirmó que el caso del fiscal de distrito contra Trump “es legalmente patético” y “está luchando por torcer las leyes estatales para enjuiciar de manera efectiva un caso federal rechazado hace mucho tiempo por el Departamento de Justicia contra Trump”.
Turley, quien fue testigo experto en el primer juicio político contra Trump, declaró a The Hill que “si bien aún no conocemos los cargos estatales específicos en la acusación anticipada, los más discutidos caerían bajo la Sección 175 por falsificación de registros comerciales, con base en la afirmación de que Trump usó gastos legales para ocultar los supuestos pagos secretos que supuestamente se usaron. para violar las leyes electorales federales”, dijo Turley.
El letrado explicó además que "si es sabido que algunos expertos legales insisten en que tal ocultación es un asunto criminal que debe ser acusado, se mantuvieron en silencio cuando Hillary Clinton enfrentó una acusación de financiamiento de campaña no muy diferente".
El profesor de Derecho argumentó un cargo de la Sección 175 “normalmente es un delito menor” y que “la única forma de convertirlo en uno mayor de Clase E requiere demostrar que la 'intención de defraudar incluye la de cometer otro delito o ayudar u ocultar los mismos'. Ese otro delito parecería ser supuestas 'violaciones' que el Departamento de Justicia se negó a tomar en cuenta para una acusación”.
Hasta el momento, todo indica que este es otro intento de show mediático para desprestigiar y dañar la imagen del expresidente, un hecho similar al protagonizado sobre la presunta implicación de Trump en la [masiva protesta frente al Capitolio el 6 de enero] por los resultados electorales y la irrupción de manifestantes dentro del recinto congresual.
Una serie de grabaciones e imágenes expuestas por el connotado periodista y conductor, Tucker Carlson, de la cadena Fox News, refutan lo expuesto por “testigos” ante el cuestionado Comité de la Cámara de Representantes sobre lo que realmente ocurrió ese día dentro del Capitolio en Washington D.C.
Pruebas videográficas y audios demuestran la posible preparación del terreno para que los manifestantes accedieran al interior del Capitolio, entre otros detalles ocultos -hasta ahora- por la controversial investigación. Los grandes medios de comunicación de izquierda se mantienen en silencio sobre la exposición de estas imágenes.
Durante una intervención en el Gulf Coast State College de Panama City, Florida, DeSantis expresó su irritación por las distracciones que el tema implica en el tercer estado más importante de la nación, debido a que Trump reside en Mar-a-Lago (condado Palm Beach) y que las considera como truco publicitario de un “fiscal financiado por George Soros”, según declaraciones hechas al diario The Epoch Times.
“No estamos involucrados en esto”, dijo DeSantis. “No tengo ningún interés en involucrarme en algún tipo de circo fabricado por un fiscal de distrito financiado por Soros, que intenta hacer un espectáculo político”, agregó.
George Soros, un magnate financiero, es uno de los donantes principales de organizaciones y figuras políticas “progresistas” (socialistas) en el mundo. Pero también, ha respaldado las candidaturas de fiscales en grandes ciudades en EEUU que, al asumir el cargo, han promulgado agendas radicales de aplicación de la ley, que a menudo implican la negativa a procesar ciertos tipos de delitos o exigir fianza para acusados.
El 8 de mayo de 2021, un comité de acción política respaldado por el multimillonario George Soros, llamado Color of Change, respaldó a Bragg en la carrera por el Distrito de Manhattan y prometió 1 millón de dólares para apoyar su elección. Según documentos públicos, George Soros donó 1 millón de dólares a Color of Change PAC el 14 de mayo.
En un artículo de opinión en The Wall Street Journal en 2022, Soros itió haber “apoyado la elección (y más recientemente la reelección) de fiscales” y fiscales de distrito blandos con la delincuencia y el crimen.
Bragg emitió un manifiesto progresista en su primer día en el cargo e instruyó a los fiscales a no buscar fianza o encarcelamiento para delincuentes, tratar el robo a mano armada como un delito menor, ignorar los robos minoristas, no enjuiciar a las personas por resistirse al arresto y negar los cargos de delitos graves en varios casos como ataques violentos.
El comisionado de la policía de Nueva York, Keechant Sewell, criticó las políticas blandas de Bragg contra el crimen.
En la primera mitad de 2022, 65 asistentes del fiscal de distrito abandonaron la oficina de Bragg después de sus reformas progresistas al sistema estatal de justicia penal, mientras que 239 policías renunciaron a la policía de Nueva York en enero y febrero de este año y se prevé que otros 1.400 agentes del orden renuncien este año. Y en su primer año en el Distrito de Manhattan, los delitos graves se incrementaron un 22%.
Entre los fiscales 'progresistas', citados por diferentes medios de prensa se encuentra la fiscal de distrito de San Francisco, Chesa Boudin, quien fue “destituida por los votantes después de que se dispararan las tasas de criminalidad”. Otro, “el fiscal de distrito de Los Ángeles, George Gascon, que sobrevivió a un intento de revocación”. Pero la lista es amplia.
DeSantis manifestó estar “satisfecho por ser el único gobernador en el país en haber destituido a uno de estos fiscales 'progresistas'”.
El líder estatal destituyó de su cargo en 2022 al fiscal de distrito del condado Hillsborough, Andrew Warren, por afirmar que no procesaría determinados delitos, muchos de ellos considerados graves.
“Warren, financiado como otros, degradó más del 50% de los delitos graves a delitos menores. Ellos arman su oficina para imponer una agenda política a la sociedad, a expensas del estado de derecho y la seguridad pública”, comentó DeSantis.
El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan (R-Ohio), exigió respuestas al fiscal de distrito de Nueva York y sus motivos para arrestar al expresidente Donald Trump.
Representantes y senadores republicanos condenaron el anuncio como otro episodio en la saga del gobierno de izquierda en la Casa Blanca contra Trump y sus aliados.
En su carta a Bragg, Jordan, junto con el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer y el presidente del Comité de istración de la Cámara Baja, Bryan Steil, calificó el ['arresto inminente'] como “un abuso sin precedentes de la autoridad fiscal”.
Al igual que otros republicanos, Jordan argumentó que los motivos políticos respaldan la investigación a Trump, particularmente en vista del historial de Bragg como fiscal de distrito y su labor en reducir condenas graves a delitos menores, acción que ha disparado los índices de criminalidad en la Gran Manzana en los últimos dos años, con graves consecuencias para la seguridad ciudadana y un alto número de muertes por la violencia extrema.
“Su decisión de emprender un enjuiciamiento con motivaciones ideológicas, al tiempo que adopta políticas [progresistas de justicia penal] que permiten que los 'delincuentes de carrera [manejen] las calles' de Manhattan, requiere el escrutinio del Congreso sobre cómo las fuerzas del orden locales implementan los fondos de seguridad pública asignados por el Congreso”, escribió Jordan.
La esperanza de Bragg de arrestar a Trump se basa en una base legal que es “débil y no probada”, afirmó el importante legislador republicano, después de acusar a la oficina de Bragg de pasar años “buscando una base, cualquier base, sobre la cual presentar cargos” contra el expresidente.
Por su parte, expertos legales independientes y otros críticos del presunto arresto han argumentado que, además de estar fuera del plazo de prescripción, los cargos contra Trump se basan en acusaciones que otros fiscales descartaron.
Incluso, en un artículo de "The Washington Post", un medio de prensa que ha sido muy hostil contra Trump, se consideraron los posibles cargos como “inusuales” en vista a que “diversos fiscales han examinado repetidamente los detalles establecidos desde hace mucho tiempo y han decidido no presentar cargos por la falta de pruebas y poca solidez legal del caso”.
Hasta ahora la base legal del caso contra Trump se basa en gran medida en el testimonio de su exabogado, Michael Cohen, quien fue condenado por perjurio en el pasado y que ha expresado abiertamente su profunda animosidad contra el exmandatario.
“Bajo estas circunstancias, no hay escenario en el que Cohen pueda ser considerado un testigo imparcial y creíble”, puntualizó el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes.
“No importa de qué lado del problema estés, este es el tipo de cosas que Estados Unidos odia”, dijo por su parte el presidente de la Cámara Baja, Kevin McCarthy, citado también por The Epoch Times.
“Demócratas y republicanos odian este tipo de ‘justicia’, porque se supone que la Ley debe ser igual para todos en Estados Unidos”, indicó el líder republicano, quien recordó que otros dos fiscales de distrito habían rechazado la reapertura del caso contra Trump por falta de pruebas.
El esfuerzo por arrestar a Trump equivale a “alguien que pone el pulgar en la balanza porque no le gustan las opiniones políticas de otra persona”, concluyo McCarthy durante una conferencia de prensa de líderes republicanos en el Hotel Ritz-Carlton en Orlando, Florida.
A los radicales de izquierda y demócratas no les han bastado las incesantes campañas de difamación contra Trump desde el 2016 hasta la fecha, siete años de constante acoso político con el objetivo de sacarlo de la Presidencia con dos intentos de destitución (impeachments) y otras falsas acusaciones y manipulaciones respaldadas por la prensa de izquierda en EEUU.
No les ha bastado la censura en redes sociales al presidente norteamericano en funciones, el allanamiento a la propiedad privada del exmandatario, las falsas acusaciones sobre el 6 de enero con un show televisado durante días ni el insólito [hostigamiento permanente] contra el exjefe de la Casa Blanca.
Los resultados socioeconómicos y políticos durante su mandato de cuatro años son innegables, pero hay varias cosas que incomodan a los nuevos demócratas y a los llamados progresistas en EEUU y en el mundo: las denuncias y revelaciones de Trump sobre el denominado Estado Profundo y las reales intenciones de los globalistas de destruir el Capitalismo Occidental y su cultura; la decisión que convirtió a EEUU en independiente energéticamente; su arrogancia y twits directos compensados con su alta capacidad de trabajo y de negociación (sin una sola guerra en cuatro años) en medio de un enfrentamiento frontal al terrorismo; su conocimiento sobre las debilidades y secretos de la izquierda y figuras prominentes, junto al gran ego de ser el propulsor de convertir a América en una nación grande otra vez, Make America Great Again (MAGA), un movimiento que levant la acción y despertó a millones de conservadores contra tendencias de extrema izquierda en el país y que mantiene, entre otras cosas, el liderazgo de Trump casi intacto, a pesar de las múltiples acciones por despedazar su trabajo e imagen.
Pero el acoso enfermizo y constante contra el entonces presidente y ahora expresidente de EEUU va más allá de un ajuste político de cuentas o una agenda globalista "progresista" (socialista) como han denunciado legisladores republicanos.
Las acciones contra Trump han sentado un muy peligroso y calumnioso precedente para la democracia estadounidense, la política y el respeto individual. Utilizar el ejercicio constitucional de que "nadie está por encima de la ley" para atacar, censurar y desprestigiar a un presidente norteamericano por razones partidistas o diferencias personales, no debe ser aceptado en ningún momento por la Justicia, el Congreso en Washington D.C ni la Corte Suprema de esta nación.
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