Se trata de la segunda victoria judicial lograda por el presidente Donald J. Trump en materia migratoria en el mes de mayo. La Corte Suprema, en otra decisión previa, dio luz verde a la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos 1p6k
Imagen de la fachada de la Corte Suprema de Estados Unidos en Washington.
SAUL LOEB/ AFP Corte Suprema de EEUU evalúa solicitud de Trump sobre ciudadanía por nacimiento.
AFPWASHINGTON.- La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este viernes al gobierno del presidente Donald Trump revocar el estatus legal de 532.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, que contaban con permiso de permanencia temporal, conocido como "parole".
El Máximo Tribunal "concede la solicitud de suspensión" presentada por la istración para levantar una orden de un tribunal inferior que impedía al gobierno poner fin a las protecciones humanitarias para los migrantes de estos cuatro países llegados a Estados Unidos bajo un programa lanzado por el expresidente demócrata Joe Biden.
El fallo de la Corte Suprema es temporal, mientras el caso se sigue litigando en un tribunal de apelación, luego de la orden ejecutiva del presidente Trump.
El decreto se topó en un primer momento con un bloqueo ordenado por un juez federal de Massachusetts que entendía que la istración no podía adoptar este tipo de medidas masivas sin una evolución caso por caso.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, elevó una petición al Alto Tribunal, a la espera de lo que acontece en instancias inferiores, según la cadena CNN.
Se trata de la segunda victoria judicial lograda por Trump en materia migratoria en el mes de mayo.
La Corte Suprema ya había permitido en otra decisión previa la eliminación del Estatus de Protección Temporal para los venezolanos.
El líder republicano ha abogado desde su retorno a la Casa Blanca por limitar este tipo de "beneficios" que permitió la entrada de más de 13 millones de personas de todas partes del mundo, entre ellos decenas de miles de delincuentes, asesinos, de pandillas y terroristas.
Durante su campaña electoral, millones de electores pidieron a Trump cerrar la frontera y reforzar la seguridad junto a la deportación de millones de personas que no pasaron el debido y riguroso proceso de revisión durante una entrada masiva. Trump calificó la política de Biden como "una invasión de migrantes en EEUU".
Desde el primer día, el Presidente cumple su promesa de deportaciones ante los reclamos de decenas de millones de americanos que lo eligieron para la Casa Blanca.
Mientras, Joe Biden ya había deportado durante su gobierno a 4,6 millones de inmigrantes, al tomar en cuenta los rechazos en la frontera mediante el Título 42, establecido en el momento de la pandemia de COVID-19 y extendido por casi dos años más.
La política migratoria de la istración Biden costó cada año a los contribuyentes más de 220.000 millones de dólares de forma directa e indirecta.
En marzo, el gobierno intentó revocar el estatus legal de estos migrantes llegados a Estados Unidos bajo un programa lanzado por el expresidente demócrata Joe Biden y llamado también CHNV, por las iniciales de los países.
En octubre de 2022, el gobierno del demócrata otorgó un permiso para que un cupo de venezolanos pudiera entrar legalmente, siempre que pasaran por una investigación sobre sus antecedentes penales, tuvieran a un patrocinador en el país que les brindara apoyo financiero y estuvieran vacunados.
En enero de 2023 amplió la medida a Haití, Cuba y Nicaragua.
El gobierno del presidente Trump solicitó a la Corte Suprema levantar una orden de una jueza activista de Boston, Indira Talwani, que impidió en abril revocar el estatus legal de los inmigrantes de estos cuatro países.
El máximo tribunal concedió al gobierno esta solicitud.
Sólo las juezas "progresistas" (de izquierda) de la Corte Suprema, Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor, disintieron.
"El tribunal ha fallado hoy claramente en esta evaluación", escribieron.
Los inmigrantes "se enfrentan ahora a dos opciones. Por un lado, podrían optar por abandonar Estados Unidos de forma voluntaria y por el otro, podrían permanecer en Estados Unidos (...) y arriesgarse a una expulsión inminente del gobierno, con las graves consecuencias que ello conlleva", explicaron ambas las magistradas.
FUENTE: Con información de AFP/EUROPA PRESS
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