Los demócratas, con una agenda de extrema izquierda, utilizan de arma política a "jueces activistas" para interferir en la presidencia de EEUU, como ha denunciado de forma reiterada la istración de Donald J. Trump 42rb
El presidente de Estados Unidos Donald Trump saluda desde el Air Force One.
JIM WATSON/ AFPLlueve sobre mojado desde hace cuatro meses y la Corte Suprema usa paraguas. Dicta en asuntos puntuales y observa casi impasible cómo la fuerza del agua obstruye, e intenta arrastrar cimientos, en este caso los cimientos conservadores de la nación, el poder histórico otorgado por los Padres Fundadores.
Los demócratas, con una agenda de extrema izquierda, utilizan de arma política a "jueces activistas" para interferir en la presidencia de EEUU, como ha denunciado de forma reiterada la istración Trump. Se percibe con facilidad el trasfondo político detrás de cada de juez o corte inferior. La situación ha empeorado. Ahora algunos jueces conservadores se enfrentan a los de izquierda. La Corte Suprema observa.
No hay antecedentes, ni siquiera durante el gobierno transformador del presidente Ronald Reagan, de ataques similiares contra un Presidente de la nación y menos mediante el uso de instituciones federales y la Justicia. En el primer mandato de Trump, la izquierda trató de destituirlo en dos ocasiones, hubo campañas de desprestigio, pero no con la intensidad y la ferocidad de estos tiempos.
Aunque siempre han existido corrientes y pugnas ideológicas internas, en EEUU primó antes el sentido común, la cohesión por la seguridad nacional y los intereses del país junto al bienestar verdadero de los americanos; por encima de todo. En esa era nació la clase media y creció la pequeña empresa estadounidense, la que impulsó el desarrollo socioeconómico e hizo grande a EEUU. Hoy, heridas de muerte, tanto la pequeña empresa como la clase media intentan sobrevivir después de ocho años de George W. Bush, Barack Obama y "supuestamente" Joe Biden. Trump no sólo quiere revivirlas, sino regresarlas al faro mundial que fueron en décadas atrás.
Trump no se ha detenido en su avance y lo hace a gran velocidad para cumplir lo que prometió a decenas de millones de estadounidenses en su megaplataforma "America First" y "Make America Great Again", pero tampoco se ha detenido la ultraizquierda para impedirlo.
Hay muchas preguntas en menos de seis meses desde que el presidente Donald J. Trump fue electo por la gran mayoría de los estadounidenses, lo que se hace llamar el ejercicio supremo de la democracia.
Pero, o se ha resquebrajado ese eslabón democrático en EEUU, o el poder del llamado Estado Profundo (gobierno en las sombras) es mucho mayor de lo que imaginaron los estadounidenses y pretende manipularlo a su antojo.
La principal interrogante: ¿Es la separación de poderes un arma para neutralizar la gobernabilidad de EEUU?
Si es así, no tendría sentido que el pueblo elija a un Presidente; y cuando no le convenga a una élite detrás del poder constitucional, le triture o retrase cualquier medida ejecutiva -por beneficiosa que esta sea- para todos los ciudadanos.
¿Es un simbolismo el presidente de EEUU o es electo para actuar y cumplir con los reclamos de la mayoría que lo puso al frente de la nación?
Si bien es cierto que no todos los poderes giran en torno a la Presidencia, el artículo 2 de la Constitución de EEUU le otorga [amplias facultades al presidente de la nación], que incluye nombrar funcionarios, hacer tratados y convenios con otras naciones, formular Proyectos de Ley para ser aprobados en el Congreso, conceder indultos y perdones, entre muchas otras funciones como velar por las leyes del país, hacer cumplirlas, custodiar la seguridad de la nación y el orden interno; defender los intereses nacionales y el bienestar de los estadounidenses.
Por prioridades nacionales comunes y por la salud de la democracia, el freno al exceso o abuso de poder es imprescindible por parte de la separación de poderes en el sistema de gobierno en EEUU, pero en el caso de Trump resulta demasiada la injerencia y el activismo de jueces que se interponen en la gestión presidencial, incentivados por la animadversión a los conservadores y lo que representa la plataforma de la istración actual republicana.
El [odio visceral de los adversarios políticos de Trump], promovido a través de medios de prensa, activistas políticos y congresistas ha conducido incluso a la extrema violencia para asesinarlo en varias ocasiones. En estos momentos, la prioridad para los nuevos demócratas y la ultraizquierda es [no permitir] que gobierne y que ejecute su megaproyecto Make America Great Again], la era dorada para EEUU que ha prometido el mandatario.
Todo comenzó a hacerse público, porque ya existían en ese momento decenas de demandas, cuando el juez liberal James Boasberg dictaminó en abril que los funcionarios de la istración Trump podrían enfrentar cargos de desacato penal por expulsar de EEUU a inmigrantes criminales, pandilleros y delincuentes con graves delitos y enviarlos al CECOT, la megacárcel de El Salvador, tras un acuerdo firmado entre el presidente Nayib Bukele y la istración Trump.
Boasberg, juez principal del Tribunal para el Distrito de Columbia, nombrado por el expresidente Barack Obama, dijo en su sentencia que los deportados debieron contar con un proceso judicial antes de ser expulsados, restando autoridad al poder ejecutivo (Presidencia) y a las instituciones federales encargadas de velar por la seguridad nacional del país, como ocurre en todas partes del mundo.
Luego siguió el juez federal de distrito de Rhrode Island, John McConnell, nombrado por Barack Obama en 2011. McConnell falló que el presidente Donald Trump se extralimitó en su autoridad al congelar subvenciones para educación y otros servicios.
Se unió a la cadena el juez de distrito Theodore Chuang, designado por Barack Obama en 2014, quien ordenó detener todas las acciones contra la agencia gubernamental para el Desarrollo y Ayuda Exterior (USAID, por sus siglas en inglés), que funciona con fondos de los contribuyentes.
La jueza federal Ana Reyes, nominada por Joe Biden como la primera jueza abiertamente LGTB en servir en Washington D.C., bloqueó a mediados de marzo la orden ejecutiva de Trump que prohíbe a las personas transgénero ser reclutadas y formar parte del Ejército, además de la expulsión de las fuerzas armadas de las personas que deciden someterse a tratamientos y cirugías de cambio de sexo.
Reyes fue la segunda jueza en un día en frenar el mismo decreto presidencial.
Edward Chen, juez del Tribunal del Distrito de San Francisco, en California, y nominado por Barack Obama, congeló la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los inmigrantes venezolanos.
Estos magistrados se encuentran entre los casi 20 jueces -casi todos designados por Bill Clinton, Barack Obama y Joe Biden- que se han encargado de frenar la mayoría de las órdenes ejecutivas fundamentales de la actual istración.
Lo más alarmante es que estas acciones y ataques contra la Presidencia, nunca antes vista, fomentan un precedente de ingobernabilidad muy peligroso y dañino para la sociedad y el futuro del país.
En este caso (Trump), no resulta un freno a determinadas medidas que pudieran definirse como abuso de autoridad, sino un secuestro político de la gestión presidencial por parte de jueces liberales y ultraliberales contrarios a los conservadores en el poder, y en especial contra el inquilino de la Casa Blanca.
La misión de estos magistrados no parece encaminada hacia el cumplimiento de la ley (como debe ser) o hacia la defensa de la democracia; su misión se percibe como dirigida a socavar cualquier acción que provenga de la Casa Blanca durante el mandato de Trump, con un trasfondo político definido y perceptible.
Mientras, la Corte Suprema de Justicia en Washington sigue anquilosada en los años 1800, desmarcada de la velocidad cotidiana impuesta por el avance de la tecnología y los acontecimientos en el siglo XXI, que ya tiene un cuarto de vida transitado.
Los votantes eligieron al presidente de EEUU para tomar decisiones importantes y transcendentales para la nación, como en estos momentos hace Trump; y no sólo para protocolos, ni para viajar en el Air Force One o para que se utilice la Casa Blanca en eventos, cenas y en recibir a invitados.
Por las acciones de estos jueces, Trump "no puede" invocar ninguna ley aprobada antes, ni trabajar por el presente y futuro del país [mientras continúe en su enfrentamiento] a la izquierda o la ultraizquierda ansiosa por arraigarse en el poder; una izquierda que no lo eligió ni fue mayoría en el arrollador triunfo electoral del líder republicano.
A no ser el proyecto de ley de impulso nuclear (por el que habían abogado los demócratas también en años atrás), la propuesta de cero impuestos a propinas y "overtime" (horas extras de trabajo) propulsada en el Senado sin un sólo voto en contra; o por una que otra demanda afín al bando azul, más del 90% de las medidas del Presidente han sido revocadas o impugnadas por jueces no electos democráticamente. Desde la deportación por seguridad nacional de criminales, violadores, asesinos e ilegales hasta la imposición de aranceles favorables para el desarrollo de la economía y el comercio libre y justo para EEUU, el mandato de Trump arrastra un filtro de detención constante, agudizado por las campañas de odio y distracción de la gran prensa de izquierda dentro y fuera de EEUU.
Entonces, se regresa a la misma pregunta de hace meses atrás cuando comenzó el torrente de demandas por cada uno de los decretos emitidos por el actual inquilino de la Casa Blanca. No por uno, ni dos ni tres ni cuatro, sino por casi todos; lo que demuestra la intención y el plan de perjudicar e impedir gobernar en Washington.
Desde el despido de empleados federales hasta la guerra contra la corrupción y el despilfarro en Washington o la penetración ideológica antioccidental y antiamericana de extranjeros en el sistema de educación y universidades, que funcionan con fondos de los contribuyentes, nada parece aceptable para estos jueces, quienes obstruyen el funcionamiento del gobierno federal en Washington. No importa si el impacto de estas medidas es positivo en la sociedad estadounidense, lo cual debería primar en un análisis antes de la presentación una acción judicial. Ocurre todo lo contrario y a gran velocidad.
La última escena la han protagonizado [tres jueces] a cargo de decisiones legales sobre el comercio internacional de EEUU.
El Tribunal de Comercio Internacional, compuesto por tres jueces, dictaminó que "Trump se ha extralimitado en sus funciones" y prohibió la mayoría de los aranceles anunciados desde que asumió el cargo.
El dictamen se aplica a los impuestos a Canadá, México y China -que Trump impuso en busca de un comercio justo para EEUU y combatir el tráfico de estupefacientes sintéticos- y a los gravámenes adicionales del 2 de abril sobre todos los productos que entran en Estados Unidos, de un mínimo de 10% y de hasta el 50% dependiendo del país de origen.
El fallo mantuvo intactos los aranceles aduaneros del 25% para la industria automotriz, del acero y del aluminio, que ahora Trump aumentó al 50% por considerar que son sectores estratégicos y que entraron en vigor de inmediato.
El objetivo es "combatir con mayor eficacia a los países que continúan descargando excedentes de acero y aluminio a bajo precio en Estados Unidos", se lee en el texto.
"Aumentar los aranceles impuestos previamente brindará un mayor [apoyo a estas industrias en EEUU y reducirá o eliminará la amenaza a la seguridad nacional que representan las importaciones de artículos de acero, aluminio y sus derivados", añade.
Trump anunció su decisión durante una visita a una de las plantas de la legendaria siderúrgica US Steel, en Pennsylvania, un estado del noreste y cuna de la siderurgia nacional.
"Nadie podrá robarles su industria", prometió el líder republicano a cientos de empleados.
La respuesta arancelaria de Trump frente a la imposición de altos impuestos a los productos estadounidenses durante décadas por parte de la mayoría de países está en muchos casos muy por debajo de esos gravámenes; es decir, no son ni siquiera recíprocos.
China impone desde hace años el 67%, Trump propuso el 34% y Pekín enfureció, lo mismo ocurrió con la Unión Europea que cobraba el 39% en sentido general y se le anunció el 20%. Vietnam el 90% contra el 46% de EEUU, India el 52% contra el 26%. Corea del Sur el 50% contra el 25%. Y así una extensa lista de países, aliados o no.
El mandato presidencial de William McKinley en 1897, con el llamado Arancel Dingley y luego la aprobación de la Ley del Patrón Oro de 1900, se considera el rey de los aranceles. Su gestión experimentó uno de los más rápidos crecimientos económicos en la historia de la nación americana.
El presidente Bill Clinton impuso aranceles del 100% a una amplia gama de productos europeos en marzo de 1999 en una guerra comercial directa como castigo por ignorar una resolución de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que la obligaba a modificar su política comercial para favorecer exportaciones de países africanos, del Caribe y el Pacífico.
Richard Nixon también impuso aranceles del 10% mediante la medida conocida como "Shock de Nixon", el principio del fin del sistema de tipos de cambios fijos de Bretton Woods, establecido al final de la Segunda Guerra Mundial.
George W. Bush impuso aranceles al acero importado y otros productos provenientes de diferentes países. Tambien lo hizo Barack Obama a los textiles chinos y otras producciones extranjeras.
El gobierno de Biden puso gravámenes del 15% sobre los es solares, al polisilicio, y a una amplia gama de productos chinos, junto con el 100% a los autos eléctricos fabricados por las empresas del gigante asiático, entre otros enseres en diferentes países.
George W. Bush impuso aranceles al acero importado y otros productos provenientes de diferentes países. Tambien lo hizo Barack Obama a los textiles chinos y otras producciones extranjeras.
También Ronald Reagan fue un ejecutor de aranceles y la reducción de impuestos para estimular el crecimiento económico.
La política económica de Reagan fue incrementar el gasto en defensa, equilibrar el presupuesto federal y desacelerar el auge del gasto federal a las rentas y a las ganancias de capital, reducir la regulación gubernamental y restringir la oferta monetaria para reducir la inflación.
Trump ha comenzado un plan muy similar, pero a gran escala -tanto dentro como fuera de EEUU- y, por supuesto,, con los ajustes necesarios en los tiempos actuales de comercio y situación exterior.
Como demuestra la historia del país, los aranceles simpre han estado en la política económica de casi todos los presidentes estadounidenses. No representan ninguna novedad, excepto con la magnitud que lo hace ahora el presidente Trump en busca de lo que ha llamado la "Era Dorada para EEUU".
Pero la interceptación por parte de actores de izquierda en el sistema federal judicial pone en entredicho la falsa unidad e intereses nacionales por los que supuestamente abogan los demócratas.
El asunto toma mayor gravedad con el paso de las semanas de gobierno del presidente republicano sin una determinación abarcadora de la Corte Suprema respecto a [los límites de poder del Presidente] y [de los jueces en EEUU] en el funcionamiento del gobierno federal y los estatales.
El Máximo Tribunal se ha dedicado a analizar temas muy específicos y ocupa su tiempo en casos aislados, a veces incluso [sin ninguna relevancia].
Ahora mismo, la furia política de jueces contra el mandato de Donald Trump es la peor epidemia en la historia moderna de EEUU. Cualquier juez federal puede atar e inmovilizar por cualquier motivo o razón al presidente del país, elegido de forma democrática para hacer cumplir los reclamos de millones de estadounidenses.
En un fallo reciente, la Corte Suprema ha ratificado la plena autoridad constitucional del presidente Donald J. Trump para destituir a los directores de todas las agencias federales consideradas "independientes", sin causa, demora ni interferencia. Pero es que esto ha ocurrido siempre y nunca se había cuestionado, porque está definido en el artículo 2 de la Constitución.
Trump no ha hecho nada que no haya dicho antes y reiterara en sus decenas de actos de campaña por todo el país. Precisamente, esa plataforma le dio el voto popular y el del Colegio Electoral. ¿Vale la decisión del pueblo estadounidense o es ahora una fachada política o un simbolismo a los ojos del mundo?
¿Dónde estaban estos jueces estrictos y celadores de las leyes cuando el gobierno anterior abrió las fronteras y desató el peor caos y costo en seguridad nacional desde la fundación de la República? ¿Dónde estaban estas cortes cuando el presidente Biden -manipulado por la extrema izquierda- hablaba disparates y deambulaba sin rumbo en los actos públicos con visible pérdida cognitiva?
¿Dónde estaban estas cortes y jueces cuando Joe Biden (o la pluma automática) emitió 76 órdenes ejecutivas en las primeras dos semanas en la Casa Blanca? ¿Dónde estaban estas cortes cuando de forma ilegal Biden obligó a vacunarse de forma obligatoria y anticonstitucional y expulsó por ese motivo a decenas de miles de empleados de la salud, del gobierno federal, pilotos, etc? Dónde estaban estos jueces cuando las medidas económicas de Biden crearon la peor inflación en cinco décadas?...
¿Dónde estaban cuando Bill Clinton despidió a 300.000 empleados federales para iniciar el cambio del rumbo ideológico de la nación o cuando Barack Obama deportó a 3,2 millones de personas durante su mandato? ¿Dónde estaban cuando sólo en el 2024 Joe Biden -o quien estuviera al frente en la Casa Blanca- deportó 271.484 inmigrantes?... Pero el total fue de 4,6 millones de expulsiones, tomando en cuenta el Título 42 en la frontera creado durante la pandemia de COVID-19. ¿Acaso la tercera parte de estos inmigrantes tuvo el debido proceso legal que ahora los demócratas y estos jueces le exigen a Trump?...
La guerra de la ultraizquierda para que Trump no gobierne y convertirlo en una figura decorativa, porque su personalidad no encaja dentro de la izquierda y emplaza directamente a sus adversarios políticos y sus intereses primordiales, fulmina el estado de derecho y el poder ejecutivo. Trump y ningún otro presidente de EEUU ha sido puesto por un partido o una coalición de partidos en la Casa Blanca, sino por la voluntad directa y expresa del pueblo en elecciones libres. Sólo por esa razón, debe ser inaceptable esta injerencia "judicial", porque sienta bases para [ataques similares en istraciones venideras] de uno u otro bando político.
No debe permitirse que una extrema izquierda utilice sus tentáculos "judiciales", creados y pagados por una élite anticonservadora para dañar el sistema de gobierno democrático. Nunca había ocurrido semejante situación. De hecho, el comunismo dentro de EEUU no tenía en décadas atrás ni la más remota esperanza de lograr un mínimo de poder.
El trabajo en silencio de la izquierda y la pasividad o falsa creencia de que el Partido Demócrata no abrazaba el socialismo, quedó muy atrás, tan atrás que sirvió como manto para fraguar una escalada sin precedentes del radicalismo "progresista (socialista) o Woke" en casi todos los sectores de la vida social, económica, militar, judicial, de seguridad nacional y política de Estados Unidos.
Y desde un balcón virtual en Washington, con cierta lejanía o escasa omnipresencia de lo que ocurre en el país, los de la Corte Suprema siguen envueltos en sus togas negras, en el vórtice de una época de constante evolución y rápida movilidad.
FUENTE: Con información o consultas de AFP, The Wall Street Journal, The New York Times, New York Post, ABC News, entre otros.
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