Organizaciones sociales denuncian que estás detenciones son un intento del gobierno de Nayib Bukele de silenciar a opositores 452942
Hombres detenidos bajo el estado de excepción llegan a un centro de detención transportados por la Policía Nacional en un camión de carga en Soyapango, El Salvador, el 7 de octubre de 2022. La organización internacional Human Rights Watch dice tener datos oficiales sobre violaciones al debido proceso, hacinamiento extremo en las cárceles y muertes de personas bajo custodia de las autoridades durante el estado de excepción en el país.
APSAN SALVADOR.- La Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador detuvo a siete dirigentes de veteranos de guerra, que pertenecen a la Brigada de Insurrección Salvadoreña, acusándolos de "planificar atentados" para el sábado, coincidiendo con el inicio del segundo mandato del presidente Nayib Bukele.
Entre los detenidos se encuentra José Santos Melara Yánez, exdiputado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), quien ejerció su cargo entre 2015 y 2018, y fue identificado como el "financista de estos planes".
Según la PNC, los veteranos tenían como objetivo detonar gasolineras, supermercados e instituciones públicas. Además, en una casa en Guazapa, 30 km al norte de San Salvador, se encontró "parte de los explosivos" y materiales para fabricarlos.
Las organizaciones sociales han alzado la voz en contra de estas detenciones, que las califican de "arbitrarias". El Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (Cofappes) denunció las acciones como un intento del gobierno de silenciar a opositores y de organizaciones sociales, utilizando falsos testimonios para incriminar a personas inocentes. Ingrid Escobar, directora de Socorro Jurídico Humanitario, afirmó conocer a los detenidos y calificó las acusaciones como "mentiras".
"Estas acciones solo demuestran el odio y la violencia que desde el régimen gobernante se ejerce sobre personas opositoras", afirmó Cofappes en un comunicado. La organización también sugirió que las detenciones podrían ser un acto de amedrentamiento, persecución y criminalización del derecho de asociación.
El presidente Bukele, quien comenzará un nuevo mandato de cinco años, ha sido reelegido con un abrumador 85% de los votos, impulsado por su "guerra" contra las pandillas. Las recientes detenciones, sin embargo, ponen en evidencia la creciente tensión y división política en el país, así como las preocupaciones sobre el uso de la fuerza y la justicia en el contexto del régimen de excepción implementado por su gobierno.
La detención de estos veteranos de guerra plantea interrogantes sobre la situación de los derechos humanos y la libertad de asociación en El Salvador. Además, destaca la polarización política y social en un país marcado por décadas de conflicto y violencia.
El enfoque de Bukele en la seguridad y su lucha contra las pandillas han sido bien recibidos por muchos ciudadanos, pero las críticas sobre sus métodos autoritarios y las detenciones arbitrarias podrían erosionar la confianza en su istración. Observadores internacionales y organizaciones de derechos humanos seguirán de cerca este caso, evaluando las implicaciones para la democracia y el estado de derecho en El Salvador.
FUENTE: Con información de AFP
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