El abogado de la familia del teniente muerto en Chile llevó el caso del militar venezolano a la I que investiga persecución de la diáspora venezolana 705p3q
El teniente Ronald Ojeda, exiliado venezolano en Chile.
Cortesía / X / Tamara SujuSANTIAGO DE CHILE.- La familia del teniente venezolano Roland Ojeda denunció el secuestro y asesinato del militar retirado en Chile en la Corte Penal Internacional, I, que instruye causas por delitos de lesa humanidad contra Venezuela encarnada en funcionarios del régimen de Nicolás Maduro.
El abogado Juan Carlos Manríquez, quien asiste a la familia de Ojeda, presentó elementos recabados para que se investigue “hasta sus últimas consecuencias” el crimen que no termina de ser aclarado por las autoridades judiciales de Chile que investigan el caso.
Manríquez, quien representa a la esposa y hermano del militar venezolano desde el comienzo, explicó que la figura que usará ante la I es la de persecución a disidentes y eventual desaparición forzada.
El teniente Ojeda fue secuestrado por hombres uniformados como policías de Chile, que lo sacaron de su residencia en Santiago de Chile, a punta de armas. el 21 de febrero en la madrugada y nueve días después, su cadáver fue hallado dentro de una maleta enterrada bajo un losa de un metro y medio de cemento, en una “toma” ilegal de Maipú, según los reportes noticiosos.
Los investigadores no han establecido autoría intelectual del crimen y hay tres sospechosos del secuestro y posterior asesinato, dos de los cuales huyeron de Chile según los investigadores. El único procesado es un joven de 17 años de edad quien habría participado como “cuidador” del sitio durante el plagio. Las autoridades judiciales no descartan el móvil político.
El teniente Roland Ojeda, quien estuvo preso en 2017 por una presunta conspiración a través de la “Operación Espada de Dios”, se escapó de la cárcel militar con otros disidentes.
El 28 de febrero de 2018 fue degradado por “haber intentado por medios violentos cambiar la forma republicana de la Nación” y otros supuestos hechos que constituirían “actos de traición a la Patria”, según Decreto Presidencial publicado en Gaceta Oficial No 3.298 del 28 de febrero de 2018.
Seis años más tarde, el 23 de enero de 2024, el teniente Ojeda Moreno fue incluido de nuevo como número 26 en otra lista de “degradación y expulsión” de 33 militares “en Situación de Actividad y de Reserva Activa” implicados en otra supuesta conspiración denominada “Brazalete Blanco” y en consecuencia en “traición a la Patria”. Casi un mes después, Ojeda fue secuestrado.
El abogado Manríquez dijo a los medios que la I adelanta desde 2018 una investigación preliminar que se denomina Venezuela. “Esta investigación ha recogido una gran cantidad de antecedentes de quiénes han tenido que ser parte de la diáspora venezolana, tanto por razones políticas como de persecución, y aquellos que son sujetos de desplazamientos forzados”. Y agregó que “hay quienes sostienen que existe allí una política sistemática de eliminación de opositores”, dijo al medio Ex-Ante.
Manríquez afirmó que por las características del caso de Ojeda, “en la línea que dice relación con la desaparición forzada de personas o en este caso actos de homicidio y desaparición, si es que este fuera tal, la denuncia “puede sumarse a esa línea de investigación, y ser un elemento más de aquellos que permiten entender que, en el concierto internacional, este tipo de conductas no se remiten solo a un espacio geográfico”.
La denuncia de la familia de Ojeda ocurre a 12 días que la Sala de Apelaciones de la I decidió que la fiscalía retome la investigación por delitos de lesa humanidad, luego de desechar seis argumentos de la apelación presentada por la representación del Estado venezolano contra el fallo de la Sala de Cuestiones Preliminares de abrir la investigación en la que están mencionados funcionarios del régimen de Maduro.
FUENTE: Con información de Infobae, cuentas de X Prensa FANB, Iván Carratú
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