MIAMI. - Miguel Uribe Turbay, exsecretario de Gobierno de Bogotá, no vacila un ápice al referirse al senador colombiano Gustavo Petro, excandidato y de nuevo aspirante a la presidencia de ese país, como el artífice de los desmanes en las protestas sociales en esa nación sudamericana, que dejan un saldo de 47 muertos y más de 2.100 heridos, además de un fuerte impacto en la economía y la infraestructura nacional.
En declaraciones a DIARIO LAS AMÉRICAS, el abogado afirmó que Petro ha venido aprovechando un “clima de insatisfacción para cabalgar con propuestas populistas y mentirosas”, utilizando, según dijo, un “lenguaje incendiario, violento, de odio y resentimiento, propio de los regímenes socialistas, totalitarios y autoritarios”.
¿Qué interpretación pueden dárseles a unas protestas sociales legítimas que, en algunos casos, se han convertido en escenario de confrontaciones y destrucción en su país?
Hay que reconocer que una cosa son las manifestaciones pacíficas, legítimas, en el marco de un derecho constitucional, y otra cosa muy distinta es la violencia que ha sido sistemática, organizada, premeditada para debilitar a las Fuerzas Armadas y desestabilizar al Gobierno nacional. Quienes tienen un interés en desestabilizar al Gobierno han aprovechado un clima de insatisfacción, producto de la pandemia y de las dificultades económicas y sociales asociadas al COVID, para iniciar una campaña de desprestigio a través de actos vandálicos y vías de hecho. Se han organizado para destruir las ciudades, diezmar a la Policía, impactar la infraestructura de transporte público y, adicionalmente, bloquear el vial en ciertas ciudades, generando problemas de abastecimiento de alimentos, víveres, medicamentos, insumos, llegando a situaciones críticas en ciertas zonas. Por ejemplo, en el Valle del Cauca la industria avícola, que produce el 30% del pollo y el huevo que consume el país, ha tenido pérdidas de más de 10 millones de gallinas, que han muerto por falta de alimento. Estamos a las puertas de un daño irreversible y de que, luego, no seamos capaces de recuperar esa capacidad productiva. Por otro lado, Bogotá estuvo a unos días de dejar de potabilizar agua por cuenta de que no se permitía el ingreso de los insumos que venían de Barranquilla. Cada bloqueo también ha generado pérdidas en el mercado de la leche, además de la pérdida de empleos en ese sector y en otros muy sensibles para la economía nacional.
¿Cuál es el origen de la violencia que hemos visto en las calles colombianas y por qué se ha involucrado ese componente en las protestas sociales?
Esta campaña violenta no es una manifestación espontánea y no se deriva de las manifestaciones pacíficas. Es completamente orquestada con un propósito político. Los sectores radicales en Colombia, lo que no han ganado con votos pretenden obtenerlo a través de la violencia. Un segundo punto es la confrontación del monopolio de la fuerza, que representa al Estado, y la violencia que ejercen los criminales. Los colombianos de bien rechazamos cualquier acto de fuerza por parte de un policía o un militar, pero también es necesario aclarar que los casos que se han presentado son individuales y deben sancionarme por completo y no deben utilizarse para generalizarlo y desprestigiar a la Fuerza Pública. Estamos viendo no a una Fuerza Pública que sale a cazar manifestantes. Por el contrario, es una Fuerza Pública democrática que ha garantizado miles de protestas. El asunto aquí es que en medio de esas manifestaciones se generan algunos enfrentamientos que son producto de unas infiltraciones de células urbanas del ELN, disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, como lo hemos visto particularmente en Cali, y por ende la Policía y el Ejército han debido reaccionar ante actos vandálicos en los que se percibe una formación militar y el uso de equipos y armas sofisticadas. Los heridos que hemos visto no han sido en las manifestaciones pacíficas, sino en el marco de las confrontaciones con violentos criminales que atentan contra la ciudadanía. Es posible que haya casos de abusos de poder incluso en las manifestaciones pacíficas, pero son casos aislados. En Colombia hemos hecho un esfuerzo enorme por garantizar la manifestación pacífica. Durante tres años como secretario de Gobierno de Bogotá tuvimos más de 2.000 movilizaciones y, como hoy, más del 98% eran pacíficas. El problema es que se concentra en un pequeño porcentaje una serie de infiltrados que terminan siendo la gran minoría de criminales que aprovechan estas dinámicas para causar destrucción. Por eso, hemos visto bancos y estaciones de la Policía incendiados y supermercados saqueados.
Usted dice que hay sectores que buscan la desestabilización del Gobierno nacional. ¿A quiénes se refiere específicamente?
Desde el día que ganó la presidencia Iván Duque, su contraparte, Gustavo Petro, anunció un plan permanente y sistemático para no dejarlo gobernar. Petro, desde entonces, ha venido promoviendo manifestaciones con un ingrediente particular, un lenguaje incendiario, violento, de odio y resentimiento, propio de los regímenes socialistas, totalitarios y autoritarios. En ese orden de ideas, Petro ha venido aprovechando un clima de insatisfacción para cabalgar con propuestas populistas y mentirosas, generando un clima de conflicto social. Petro, básicamente a través de las redes sociales, ha llamado a la anarquía absoluta, al desafió de las instituciones, al desconocimiento de la autoridad y ese tipo de llamados, a su vez, han sido aprovechados por otros sectores, incluso violentos, lo que en sumatoria ha generado desmanes y desorden. Petro hizo la convocatoria a las movilizaciones en el marco de la presentación del proyecto de Reforma Tributaria, que promovía el presidente Duque. Cuando se replantea la iniciativa, las movilizaciones debieron haber finalizado, sin embargo, Petro y el senador Gustavo Bolívar decidieron llamar a un desorden civil y exigir cambios estructurales en el Gobierno. Invitaron a la gente a seguir los bloqueos, a salir a las calles, a no tener consideración alguna con las autoridades y las instituciones, a desconocer por completo las restricciones por la pandemia.
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