El caso por presunta corrupción en el que se relaciona a la exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, el exagente federal Mark Rossini y el banquero Julio Herrera Velutini, queda en suspenso, por el momento, luego de que el juez presidente del Tribunal de los Estados Unidos asignado para esa jurisdicción, Raúl Arias Marxuach, solicitara a la fiscalía federal que detuviese la revisión de evidencia que fue allanada, según reseñan medios puertorriqueños.
En la propuesta radicada por el juez federal este 15 de noviembre se exige a la fiscalía federal que explique el protocolo del equipo de filtración encargado de revisar las conversaciones y también precisar, si alguno de los de este equipo es empleado de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.
Por esta razón, el equipo de filtración deberá suspender la revisión de documentos hasta que se detalle esta información. A la fiscalía federal se le dio hasta el 29 de noviembre para emitir una respuesta, según trasciende en medios de prensa de la isla del encanto.
“El ‘equipo de filtro’ debe detener la revisión de la información guardada electrónica en cuestión hasta que el tribunal emita una resolución sobre la moción (de la defensa)”, indicó el juez, según reseña el diario puertorriqueño El Nuevo Día.
El pasado 3 de agosto, un gran jurado federal emitió una acusación de siete cargos contra Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini. Los tres se exponen a 20 años de prisión, de ser hallados culpables, por cargos que incluyen conspiración, soborno y fraude.
Los abogados a cargo de la defensa de la exgobernadora de Puerto Rico, como los de los otros acusados, solicitaron la designación de un comisionado especial, para revisar los miles de piezas de evidencia que el Gobierno de EEUU recopiló durante distintas órdenes de allanamiento a 31 cuentas de comunicación electrónica de sus clientes y el teléfono celular de la exgobernadora.
Una encuesta política preparada por la firma británica C|T Group habría sido el eje del proceso judicial.
Unos $315.000 habría sido el monto de la contratación de la firma para el mencionado estudio político, refiere el artículo que se estima en la acusación federal, según un artículo de Metro.
El documento, que dio paso a la acusación, apunta a mensajes de texto y otras comunicaciones entre los acusados y terceras personas que establecerían que la ayuda política a la entonces gobernadora se daba a cambio de que destituyeran al entonces comisionado de Instituciones Financieras, George Joyner Kelly. En su lugar, se le pedía que nombrara a alguien recomendado por Herrera-Velutini, según alega la fiscalía federal.
Toda esta fase de lo que se presenta como una conspiración habría ocurrido entre diciembre de 2019 y mayo de 2020. El 14 de mayo de 2020, Vázquez designó a Víctor Rodríguez Bonilla como nuevo jefe de Instituciones Financieras, tras solicitar la renuncia de Joyner Kelly en marzo de ese año. El designado había sido asesor de Bancrédito, el banco que presidía Herrera-Velutini en Puerto Rico.
Sin embargo - refiere el artículo publicado en Metro- en una entrevista concedida a Metro por la abogada Lilly Ann Sánchez, que representa a Herrera-Velutini, la letrada negó las alegaciones de la fiscalía y sostuvo que durante el juicio se presentaría una prueba que aún no ha salido a la luz pública y que espera un jurado pueda aquilatar de forma imparcial.
FUENTE: Con información de los portales de El Nuevo Día y Metro
